La Cámara de Diputados aprobó ayer un exhorto al Poder Judicial de la Federación y a tribunales de Querétaro para la exoneración y liberación de las indígenas Teresa Alcántara Juan y Alberta González Cornelio, a quienes se les han violado sus derechos humanos en el contexto de la acusación de secuestro de agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), un delito que nunca pudieron cometer.

Ambas permanecen encarceladas con una condena de 21 años. El 16 de septiembre pasado Jacinta Francisco Marcial, otra indígena que también permanecía en prisión por los mismos motivos, fue liberada del Centro de Readaptación Social femenil de San José el Alto, Querétaro.

En la sesión de ayer, a propuesta de la diputada Cora Cecilia Pinedo, del partido Nueva Alianza, el pleno camaral avaló la propuesta que cuestiona la sentencia impuesta por el juez cuarto de distrito, en el estado de Querétaro, Rodolfo Pedraza Longhi, quien de manera arbitraria y en un proceso irregular ha violado los derechos humanos de Teresa Alcántara Juan y Alberta González Cornelio.

También se solicitó a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, que preside el priísta Rubén Moreira, que asuma la defensa de las garantías básicas de Alcántara Juan y González Cornelio, y a que convoque a comparecer al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, para que explique qué acciones ha tomado en defensa de las dos mujeres.

Asimismo, a que cite a comparecer a las autoridades de procuración de justicia de la Federación y del Poder Judicial que han intervenido en este proceso para que expliquen a la cámara su participación en este caso.

En la tribuna, y a nombre de Pinedo, Jaime Vázquez Aguilar exhortó al pleno a que en un acto de justicia se haga un exhorto a las instancias correspondientes para que se atienda de inmediato el caso de Alcántara Juan y González Cornelio, que sufren doble discriminación por el hecho de ser mujeres e indígenas y desde 2006 están recluidas en un centro de readaptación social por una acusación de por sí absurda.

Refirió que es evidente que los derechos humanos de ambas indígenas fueron violados, y que las recomendaciones de diversas organizaciones defensoras de las garantías individuales no han sido admitidas por los jueces en Querétaro.

El hecho de que Amnistía Internacional las haya declarado presas de conciencia y la falta de evidencias en un proceso judicial poco transparente nos muestran los grandes vacíos de la justicia mexicana, ya que a estas mujeres sin evidencia alguna se les ha procesado y condenado de manera arbitraria, dejando ver la falta de acceso a la justicia no sólo de ellas sino de los grupos vulnerables que representan como mujeres indígenas y de escasos recursos, afirmó.

Sostuvo que en el marco del Día Internacional de la Mujer resulta oportuno exigir que se hagan a un lado los prejuicios culturales, que se actué conforme a derecho y se haga justicia.