La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado presentó ante el pleno su propuesta de reforma política, adicional a la iniciativa del presidente Felipe Calderón. El proyecto del blanquiazul incluye modificaciones en materia electoral, entre ellas permitir que los funcionarios públicos realicen proselitismo político fuera de su jornada laboral.

La propuesta panista quita las facultades que en la pasada reforma constitucional en materia electoral se dieron al Instituto Federal Electoral (IFE) con el fin de evitar las campañas negras y las guerras sucias entre candidatos, y deja a los afectados el único camino de acudir a tribunales civiles.

El proyecto de los legisladores del blanquiazul fue llevado a tribuna por el senador José González Morfín y se centra en cambios en materia electoral.

Plantea que tanto el IFE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sean las únicas instancias encargadas de asuntos comiciales, por lo que desaparecerían los institutos y tribunales locales.

Propone también reducir el financiamiento público a los partidos políticos, pero aumentar los topes de aportaciones de simpatizantes y militantes.

González Morfín aclaró que en el primer caso el monto estaría determinado por la participación electoral, y no por el padrón, el cual está en constante crecimiento.

Los panistas pretenden elevar de 10 a 30 por ciento el límite máximo para financiamientos privados a precampañas y campañas, y regular el monto máximo que un simpatizante puede aportar de manera individual, con el fin de que no exceda 0.1 por ciento del tope de financiamiento público que le corresponde a cada partido.

En su intervención, el también secretario general del PAN explicó que para asegurar la ejercicio de libertad de expresión de los servidores públicos y que éstos puedan manifestar sus ideas y opiniones políticas en favor o en contra de partidos, precandidatos y candidatos se propone reformar la Constitución.

El senador priísta Pedro Joaquín Coldwell consideró que el proyecto panista es una regresión, ya que en la reforma electoral de 2007 se incluyó la prohibición expresa a los funcionarios de llevar a cabo proselitismo político desde cargos públicos.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales, Reforma del Estado y Estudios Legislativos, donde se dictaminará conjuntamente con las otras tres iniciativas de reforma política, la de Calderón, la del tricolor y la conjunta de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia.