ás allá de la legítima preocupación que produce el aumento de la violencia en todo el país, y también, desde luego, en el Distrito Federal, y de todas las medidas que se puedan tomar contra ella, deberá estar la observancia de las libertades que otorga la ley cada uno de los ciudadanos para no convertir a la capital del país, en caso contrario, en una zona de prohibiciones.

Con la acusación de sospechoso cualquier ciudadano puede ser detenido por la policía para ser interrogado, e incluso sometido a revisión física, como se hace ya en el estado de México, donde campea la arbitrariedad y los resultados no reflejan mayor seguridad, pero sí temor y desasosiego entre la gente.

A partir del martes pasado, los policías del DF pueden detener a un ciudadano al que consideren sospechoso. ¿Cómo se puede definir a un sospechoso? ¿Cuál es su aspecto? ¿Quién lo ha definido? ¿Quién ha preparado a los policías para reconocer a un sospechoso?

Dejar en manos de los agentes de la policía preventiva de la ciudad un asunto tan delicado parece un despropósito el gobierno de Marcelo Ebrard, que por un lado brinda libertades, contra viento y sotanas, a quienes buscan legalizar su unión, sin importar su condición sexual, o trata de ampliar los horarios de servicio a los asiduos a los llamados antros, y por el otro condena a quienes sean sospechosos.

Muchas preguntas saltan frente a la decisión de la autoridad de pasar sobre los derechos ciudadanos con el fin de prevenir, o de atajar, por ejemplo, el robo de autos, preguntas que, desde luego, no han tenido respuesta por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, pero que hacen pensar en el nefasto Rudolph Giulliani, o cuando menos en la guerra fracasada contra la delincuencia que emprendió Felipe Calderón.

Si algo ha diferenciado a la ciudad de México de otras entidades de la República son las libertades de que pueden gozar los ciudadanos. Pese a lo que mucha gente dice, aún se puede caminar por la noche en algunas zonas del DF sin mayor peligro. Aquí las mujeres pueden decidir sobre su cuerpo, y las protege la ley, pero en adelante no será posible circular libremente en automóvil porque algún policía que pretenda sacar para el chesco tendrá la potestad de acusar, a quien se le pegue la gana, de ser sospechoso. Nada más indignante y contradictorio.

Si algún delito es denunciado con mayor fuerza en la capital es el robo de vehículos. En esa área casi no hay cifras negras, dicen las autoridades, y si es así, entonces las patrullas deberán tener las placas y las características de los automóviles robados. Los avances tecnológicos lo permiten, y en eso no hay sospecha.

Pero más allá de la manifiesta incapacidad policiaca está la ley. El DF no puede ser igual que otras entidades del país donde la impunidad reina en nombre de la seguridad. Parar ciudadanos con el argumento de la sospecha es algo que en la Asamblea Legislativa del DF debería prohibirse en nombre de la ley, por más necesario que se considere.

Pero si lo que se pretende es llegar a extremos tan nefastos como las técnicas de seguridad que ejerce Calderón, que les vaya bien. La ciudadanía se los hará pagar, con votos, desde luego.

De pasadita

Este fin de semana, en el estado de Hidalgo, se reunirán los diputados perredistas en la Asamblea Legislativa para definir su agenda legislativa en la el asunto de los horarios de cierre de los antros, tema que estará entre los primeros a tratar. Allá estará también el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard; así la agenda seguramente será nutrida por otros asuntos tal vez de mayor calado. Ojalá les sienten bien los pastes y la barbacoa, que en la Ex Hacienda de San Miguel Regla no son nada buenos. Ni modo.

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