El PRD denunciará ante instancias jurisdiccionales –probablemente la Procuraduría General de la República (PGR)– al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, por parcialidad en su quehacer público y por asumir facultades que no le confiere la ley.

Al intervenir en acuerdos de tipo electoral, el funcionario actúa como mánager de Enrique Peña Nieto (gobernador del estado de México), advirtió Jesús Ortega, dirigente nacional perredista.

El PRD marcó distancia para cualquier acercamiento con el funcionario, a quien ahora minimiza como interlocutor, y advierte que vigilará que no intervenga en asuntos legislativos.

¿Cómo puedes tratar asuntos de política de Estado con un funcionario que actúa en función de los intereses y las necesidades de Peña Nieto?, cuestionó Ortega.

–¿Para el PRD el secretario ha perdido credibilidad o de plano ya no es interlocutor?

–Ha perdido gran parte de su capacidad para ser conductor de la política interior. Tenemos que guardar muchísimas reservas respecto a la relación política con él.

Lo que hicieron en Bucareli es una barbaridad, añadió. En principio, aseveró, el sol azteca analiza el comportamiento de los funcionarios públicos involucrados en el pacto del 30 de octubre en Gobernación, porque de acuerdo con la Constitución no pueden dejar de ser imparciales en lo que se refiere a la vida de los partidos ni en asuntos electorales.

En la mira del PRD estarían, además de Gómez Mont, el mandatario y el secretario de Gobierno mexiquenses. Ortega señaló que atentaron contra el Congreso, al acordar el contenido de una ley por encima de la voluntad de los legisladores.

Es evidente que ese acuerdo incluye la protección al gobernador del estado de México y tiene propósitos electorales al tratar de impedir una posible alianza contra Peña Nieto. Añadió que se busca preservarlo como aspirante del PRI a la Presidencia.

Pese a las críticas a dicho pacto, en el cual el presidente del PAN, César Nava, se comprometió a no formar alianzas electorales en el estado de México, Ortega reiteró que las coaliciones acordadas continúan, porque el objetivo es ir unidos para no hacerle el caldo gordo al PRI.

Naufragio anunciado

En tanto, diputados perredistas demandaron al presidente Felipe Calderón aclarar públicamente su participación en ese pacto.

Esthela Damián, Mauricio Toledo y Armando Ríos Piter coincidieron en que el convenio no pudo haberse concretado sin la anuencia de Calderón.

Toledo reprochó al gobierno federal y al panismo porque ha conseguido acuerdos antiéticos con las fuerzas políticas que se le brinden a modo. Recordó que a lo largo de una década –desde que Acción Nacional llegó al gobierno federal– el PRI ha resultado el mejor postor para establecer convenios oscuros.

No debería resultar extraño que esos dos partidos se repartieran el poder político y económico que implica la administración del país. Lo paradójico es que ahora que una de sus decisiones marca el destino fatal de la mayoría de los ciudadanos, y, sobre todo, que sus cálculos fallaron, se acusen de una forma por demás vergonzosa.

Esthela Damián, presidenta de la Comisión de Vigilancia en San Lázaro, señaló: el Ejecutivo federal debería manifestar en sus hechos que tiene valor civil y salir ante la opinión pública a responder a las preguntas que los mexicanos reiteradamente se hacen en estos momentos: ¿Quién ordenó que se subieran impuestos a los más pobres? ¿Por qué pesan más los intereses de grupos minoritarios, como la elite política, que las de millones de personas?

También Ríos Piter exigió a Calderón que se sincere ante los mexicanos porque los acontecimientos del pasado fin de año definen perfectamente el actual gobierno: historia de un naufragio anunciado.