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Reafirman ambos países su compromiso en la lucha contra el terrorismo

Venezuela y España dan por zanjado el roce provocado por juez derechista

Hugo Chávez refuta en un comunicado la supuesta colaboración con ETA y rechaza sus actividades

Madrid analiza el auto del magistrado español antes de pedir a Caracas cualquier cooperación judicial

 
Periódico La Jornada
Domingo 7 de marzo de 2010, p. 23

Madrid, 6 de marzo. España y Venezuela dieron hoy por zanjado el roce diplomático surgido luego que un juez español acusó esta semana a Caracas de haber amparado una presunta alianza entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el grupo armado vasco ETA, y reafirmaron su compromiso unánime en la lucha contra el terrorismo.

En un comunicado conjunto emitido en Madrid y Caracas, ambos gobiernos ratifican su más enérgica condena al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, y reiteran su compromiso de seguir colaborando en los ámbitos judicial y policial, implementando efectivamente los instrumentos de cooperación existentes.

España y Venezuela declaran su firme voluntad de profundizar su relación amistosa y fructífera, basada en una amplia cooperación en todos los ámbitos, incluyendo el de la lucha antiterrorista.

Además, en el texto el gobierno de Hugo Chávez refuta y desmiente informaciones publicadas de una supuesta colaboración con la organización independentista ETA, cuyas actividades, agrega, rechaza sin paliativos.

La nota se hizo pública un día después de que el presidente Chávez calificara de aceptable la última respuesta del gobierno español a las diferencias surgidas.

El canciller español, Miguel Ángel Moratinos, aclaró previamente que no había pedido explicaciones a Caracas por las acusaciones del derechista juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional, sino sólo información respecto a un auto judicial en que éste señala al gobierno venezolano como implicado en una presunta relación entre las FARC y ETA.

Alianza armada

Según Velasco, Caracas habría apoyado una alianza entre las dos organizaciones, que supuestamente buscaban realizar atentados contra políticos colombianos y efectuaban intercambios de adiestramiento militar y en explosivos.

Incluso mencionó al refugiado político Arturo Cubillas Fontán, que ha trabajado con el gobierno de Chávez como enlace entre los dos grupos armados.

Venezuela enseguida rechazó como infames e inaceptables las acusaciones y afirmó que se basan en los archivos del computador supuestamente incautado al número dos de las FARC, Raúl Reyes, abatido el primero de marzo de 2008 en un ataque del ejército colombiano a la guerrilla en la selva ecuatoriana, al que Caracas no le da ningún valor.

El gobierno español informó que está analizando el auto acusatorio del juez emitido el lunes, antes de pedir a Caracas cualquier cooperación judicial. Tan pronto se clarifique definitivamente parte de ese escrito, lo remitiremos a las autoridades venezolanas, declaró el canciller Moratinos.

El texto conjunto subraya que son dos gobiernos amigos que cooperan y al mismo tiempo comparten valores. No es que seamos amigos por interés y Venezuela sea negligente a la hora de respetar algunos de estos valores, dijo una fuente diplomática en Caracas.

En Bogotá, el presidente dominicano Leonel Fernández declaró que es viable que sus pares Álvaro Uribe y Hugo Chávez, se reúnan para superar las diferencias entre los dos países. Dijo que estamos trabajando en esto, luego de entrevistarse anoche con Uribe y esta mañana con el canciller colombiano Jaime Bermúdez.

Fernández, que ejerce como mediador entre Bogotá y Caracas a instancias del Grupo de Río, indicó que el próximo lunes recibirá en Santo Domingo al canciller venezolano Nicolás Maduro para informarle de estas pláticas y explorar una fecha y lugar para el encuentro entre Uribe y Chávez.

Chávez congeló las relaciones comerciales con Colombia, que cayeron de 6 mil millones de dólares en 2008 a 4 mil millones de dólares el año pasado, después de que en agosto del año pasado Uribe anunció un acuerdo para permitir que Estados Unidos use en territorio colombiano siete bases militares, que Caracas considera una amenaza a su seguridad.