Al comenzar 2010, Petróleos Mexicanos (Pemex) enfrenta más de 20 mil juicios civiles, fiscales, penales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y de arbitraje. El monto de estas contingencias es de unos 44 mil 291 millones de pesos, cifra mayor en 6 mil 788 millones o 15 por ciento superior al valor de los juicios registrados en diciembre de 2006, cuando ascendía a 37 mil 503 millones de pesos.

Informes oficiales de la paraestatal señalan que para enfrentar estas contingencias la petrolera ya tiene registrada una provisión por 11 mil 608 millones de pesos para cubrir estos litigios cuya fecha de resolución se desconoce.

Entre los procesos legales más representativos destacan los interpuestos por Impulsora Jalisciense, representante de la Sociedad Mexicana de Lubricantes. Son al menos seis juicios que actualmente se disputan entre Pemex Refinación (PR) y Mexicana de Lubricantes. El primero inició el 5 de diciembre de 2005 a través de un juicio de amparo por parte la empresa privada que reclamaba la exclusividad de venta de los lubricantes en las gasolineras de Pemex.

Posteriormente, el 20 de diciembre de 2005 PR promovió una demanda contra Mexicana de Lubricantes, requiriendo la emisión y publicación de una convocatoria para la celebración de la asamblea general ordinaria de accionistas para aprobar la información financiera de Mexicana de Lubricantes.

El 7 de junio de 2006, PR presentó una denuncia de hechos por administración fraudulenta y lo que resulte ante la Procuraduría General de la República (PGR) por irregularidades cometidas por los miembros del Consejo de Administración de Mexicana de Lubricantes. A la fecha, la averiguación se encuentra en proceso de integración.

El 17 de octubre de 2006, PR promovió un juicio mercantil en contra de Impulsora, donde reclama el ejercicio de opción de compra de las acciones de Mexicana de Lubricantes. Con fecha 30 de noviembre del 2009, se dictó sentencia absolviendo a Impulsora Jalisciense de las prestaciones reclamadas. Derivado de lo anterior PR presentó recurso de apelación.

Recordemos que en enero de 1993, Pemex Refinación (PR) celebró un contrato de coinversión con Impulsora Jalisciense para establecer una nueva sociedad denominada Mexicana de Lubricantes, que tenía por objeto la formulación, envasado, transportación y comercialización de aceites y grasas lubricantes.

Sin embargo, Mexicana de Lubricantes no ha rendido cuentas a sus socios durante por lo menos los últimos 10 años, ni les ha presentado los estados financieros de la sociedad, en los términos que lo indica el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y después de 17 años de operación de la empresa únicamente ha generado pérdidas pese que ha tenido un mercado protegido para vender en exclusividad aceites y lubricantes a las gasolineras de la República Mexicana.

Mexicana de Lubricantes, de acuerdo con sus estados de resultados durante 1994 registró pérdidas por 341 millones de pesos; en 1995 perdió 127 millones, en 1996 logró una utilidad por 46 millones, en 1997 tuvo pérdidas por 107 millones, en 1998 utilidades por 11 millones; en 1999 utilidades por 8 millones y en 2000 una utilidad de apenas 6 millones de pesos, lo que resulta que durante estos años se registró una pérdida total de 504 millones de pesos.

Mexicana de Lubricantes convocó a una Asamblea General ordinaria de accionistas el pasado 4 de marzo de 2010 a la cual no acudieron los representantes de PR, porque esto habría avalado todas las inconsistencias de la tan cuestionada sociedad.

Ahora los accionistas privados de Mexicana de Lubricantes, encabezados por Salvador José Martínez Garza y José Ramón González Ojeda, quienes pretenden vender la empresa en mil 400 millones de pesos, según la auditoría de García Velasco, Martínez de Velasco y De Luca. Sin embargo, este despacho auditor reconoció que no puede certificar que la información y documentación auditada sea la totalidad de la documentación de Mexicana de Lubricantes.

Juicio de nulidad

Por otro lado, de las demandas que fueron presentadas por un grupo de Diputados y Senadores de la 50 Legislatura en contra de Pemex Exploración y Producción (PEP) en relación con los Contratos de Obra Pública Financiada (COPF) mediante los cuales se entregaron diversos bloques a las empresas privadas para la explotación de gas natural en la Cuenca de Burgos, bajo la figura de los Contratos de Servicios Múltiples, a la fecha, sólo queda una demanda por resolverse ya que en las demás se obtuvo una resolución favorable para PEP.

El juicio pendiente de resolver se refiere al contrato celebrado entre PEP y el consorcio PTD Servicios Múltiples (integrado por Petrobras de Brasil, Teikoku Oil de Japón y Grupo Diavaz) por el bloque Cuervito, el cual se sigue en el juzgado noveno de distrito en materia civil del Distrito Federal.

La prestación que se reclama en la demanda es la declaración de nulidad del contrato, por considerarlo presuntamente violatorio del artículo 27 constitucional. El 7 de junio de 2008 PEP presentó la contestación de la demanda. A esta fecha no se ha abierto la etapa de pruebas debido a que los codemandados han promovido diversos recursos procesales.

Otra disputa legal relevante fue la presentada en septiembre de 2001 por Conproca, consorcio que prestó sus servicios para la reconstrucción de diversas obras con motivo de la reconfiguración de la refinería de Cadereyta en contra de Pemex Refinación (PR). La demanda se presentó ante la Corte Internacional de Arbitraje, con sede en París, Francia. A la fecha, las prestaciones reclamadas por Conproca ascienden a 424.9 millones de dólares, mientras que PR reclama 116 millones de dólares.

Otro litigio importante que enfrenta ahora Pemex Exploración y Producción (PEP) es el iniciado en diciembre de 2004 por parte de Corporación Mexicana de Mantenimiento Integral (Commisa) ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por presuntos incumplimientos de un contrato de obra de dos plataformas en Cantarell. Las prestaciones que reclama Commisa ascienden a 319 millones 920 mil dólares y 37 millones 209 mil pesos.

Posteriormente, el 16 de diciembre de 2005, la Asociación de Transportistas al Servicio de Pemex, Clientes o Empresas Sustitutos AC, presentó demanda en contra de PR y después presentó otra demanda con fecha de octubre de 2007 por incumplimiento de convenio por lo que reclama a la paraestatal un pago de mil 647 millones 629 mil pesos.

En enero de 2006 Tejas Gas de Toluca promovió un arbitraje internacional en contra de Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) y Gas Natural de México (GNM), en el que se reclama, entre otras prestaciones, el cumplimiento por parte de PGPB y GNM de un contrato de transporte por ducto.

El 20 de agosto de 2007 fueron emplazados Pemex y PR ante el juzgado decimocuarto de distrito del décimo circuito en Coatzacolacos, Veracruz, por Leoba Rueda Nava. Se demanda, entre otros, la responsabilidad civil derivada de una afectación en materia ambiental de un terreno, por un monto de 2 mil 593 millones 956 mil pesos, equivalentes al costo aproximado de remediación ambiental.

Todos estos juicios y demandas, entre otros, son de pronóstico incierto, ya que la determinación final la tomarán las autoridades competentes.