El presidente de la comisión especial del Senado que da seguimiento al conflicto laboral en Cananea, el perredista Arturo Núñez, demandó al gobierno federal respeto a los trabajadores de esa minera y que no se pretenda aprovechar el fin de semana para desalojarlos, toda vez que ayer el Poder Judicial notificó finalmente al sindicato minero que se les negó el amparo.

Recordó el compromiso del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien, durante su comparecencia ante esa comisión el miércoles pasado, se comprometió a abrir espacio para un entendimiento político, sin perjuicio de las obligaciones del Estado.

“Espero que no se vayan a precipitar las cosas y se intente un sabadazo o madruguete en Cananea, que todos tengamos que lamentar”, expresó.

En entrevista por separado, el coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal, advirtió que los integrantes de esa comisión, así como otros legisladores, estarán atentos. Nos vamos a mantener en alerta; tememos que se intente golpear nuevamente a los mineros de Cananea, quienes están en huelga desde hace casi tres años, lapso en el que han sido objeto de la embestida gubernamental, dijo.

Agregó: sería muy peligroso si el señor Calderón, como lo hicieron antes Porfirio Díaz y Carlos Salinas de Gortari, decide echar la fuerza pública contra los mineros de Cananea. Que no se le olvide al representante del gobierno espurio que la situación es muy tensa en ese fundo minero, y sus pobladores no van permitir un desalojo violento de los trabajadores, resaltó Monreal.

Tanto Núñez como Monreal destacaron que aunque el fallo del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito –que validó la decisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de dar por terminadas las relaciones laborales entre los trabajadores de Cananea y la empresa Minera México– se dio a conocer el 11 de febrero pasado, fue hasta ayer, 21 días después, que se comunicó a la representación de la sección 65 del sindicato minero.

Ambos coincidieron en que la figura empleada por las autoridades laborales para declarar la terminación de relaciones de trabajo en Cananea –la de causa mayor– atenta contra el derecho de huelga y obliga a los legisladores a iniciar reformas legales para cerrar todo resquicio que infrinja garantías consagradas.

Monreal dijo que durante la comparecencia de Javier Lozano Alarcón en el Senado quedó de manifiesto que éste ha asumido la defensa de los empresarios de Minera México.