En México la situación de los derechos humanos “empeoró durante los primeros tres años del gobierno de Felipe Calderón debido a la guerra militarizada contra el crimen organizado, en la que civiles sufren tortura, detenciones arbitrarias e incluso ejecuciones a manos de las fuerzas armadas, cuya participación en labores de seguridad pública constituye un estado de excepción de facto”, advierten organizaciones de defensa de estas garantías en varios informes entregados a propósito del próximo examen del Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Señalaron que, debido al fuero militar, los soldados que violan las garantías fundamentales se mantienen en la impunidad.

México se someterá a esta evaluación por quinta ocasión –la última fue en 1999– los próximos 8 y 9 de marzo, donde representantes del gobierno y de la sociedad civil acudirán a la sede de la ONU en Nueva York para exponer ante el comité –formado por expertos– la situación de las garantías fundamentales en el país.

Organizaciones como los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh); la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de estas garantías (CMDPDH) y la Red Todos los Derechos para Todos (RTDT), entre otras, aseveran que la participación del Ejército en operativos de seguridad pública ha causado un drástico aumento de violaciones a derechos humanos.

Abusos generalizados y severos

El Prodh subraya que, pese a que México ha ratificado tratados internacionales en derechos civiles y políticos, la realidad diaria es que estas garantías no se cumplen y persisten los abusos generalizados y severos, que han empeorado en los primeros tres años de la actual administración por la guerra emprendida contra el narcotráfico.

Recordó que en la evaluación de 1999 el comité de la ONU manifestó su preocupación por la creciente intervención militar en la sociedad, especialmente en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, pues las labores de seguridad corresponden a las fuerzas civiles. Sin embargo, a 10 años, el Estado mexicano lejos de implementar la recomendación ha aumentado significativamente el papel de las fuerzas armadas en labores policiales.

La CMDPDH considera que el arraigo, que se aplica en México, es una forma de detención arbitraria que propicia violaciones a las garantías individuales.

Critica el fuero militar y advierte que los tribunales militares no son competentes para investigar los crímenes de soldados contra los ciudadanos, pues en la mayoría de los casos hay impunidad, por lo que debe ser modificada esa jurisdicción.

En su informe, de 249 páginas, el gobierno mexicano hace hincapié en los acuerdos internacionales en la materia firmados de 2000 a la fecha, las visitas de integrantes de organismos externos, la capacitación a personal de gobierno y las modificaciones de algunas leyes; sin embargo, en la mayoría de los casos falta un análisis sobre si estas medidas han reducido los abusos y los resultados obtenidos.

Sobre los militares, el gobierno asienta que el fuero de guerra se sustenta en la Constitución, pero no se trata de un privilegio en favor de los militares, sino de un reconocimiento de la especialización por materia que garantiza la seguridad jurídica necesaria para la justa y equitativa procuración e impartición de la justicia castrense. Agrega que quienes afirman eso desconocen la naturaleza de la justicia militar.

Sobre la preocupación del comité en la última evaluación referente a las violaciones a derechos humanos por militares, el gobierno mexicano informa que la CNDH no ha tenido impedimento alguno para hacer señalamientos y emitir recomendaciones a las fuerzas armadas.

Asegura que las disposiciones excepcionales del arraigo sólo se aplican a presuntos integrantes de la delincuencia organizada.