golpe de impuestos (aumentar la tasa de los existentes y/o aprobar nuevos gravámenes) el gobierno federal pretende reflotar las finanzas públicas, las cuales, según la versión oficial, registran “el peor shock en 30 años”. Ese es el mayor esfuerzo que hace para incrementar la recaudación fiscal, es decir, apretar aún más a los contribuyentes cautivos, sin hacer el mínimo intento para combatir la evasión tributaria. Lo anterior viene a colación, porque a punto está de vencer el plazo marcado por el Sistema de Administración Tributaria, el SAT, para que las empresas presenten su declaración de anual de impuestos, so pena de soltarles la jauría a los morosos.

Pues bien, no todas las empresas cumplirán con las abultadas obligaciones fiscales que, con la autorización del Congreso, impone el SAT; de hecho, la menor parte de ellas contribuirá al relleno de alforjas de las finanzas públicas, toda vez que en México casi 70 por ciento de las microempresas (con 10 o menos empleados) no están registradas y por lo tanto no pagan impuestos; sólo 9 por ciento de las microempresas pagan más de 50 por ciento de lo que deben; de las pequeñas y medianas la mayor proporción, 63 por ciento, se registra, pero no paga impuestos; y en el caso de las grandes empresas 48 por ciento no paga impuestos.

Tan alentadora noticia la aporta el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, el cual, con base en una encuesta (McKinsey & Company, 2009), subraya que de las grandes empresas que operan en México 48 por ciento no paga impuestos; 25 por ciento paga de 4 a 50 por ciento de lo que fiscalmente le corresponde y sólo 28 por ciento de ellas paga por arriba de 50 por ciento de sus obligaciones tributarias, lo que no quiere decir que lo haga ciento por ciento, de tal suerte que son indicadores realmente escalofriantes para un país que registra la recaudación más baja del continente y en el que sus finanzas públicas se recargan de manera soez en una minoría, los causantes cautivos (fundamentalmente los trabajadores).

Pero no queda allí la evasión: de acuerdo con el organismo financiero, 63 por ciento de las pequeñas y medianas empresas no paga impuestos; 19 por ciento de ellas sólo cubre entre 4 y 50 por ciento de sus compromisos fiscales y sólo 17 por ciento paga sus obligaciones tributarias por arriba de 50 por ciento. Lo mismo sucede en la micro empresa: 67 por ciento no paga al fisco; 12 por ciento lo hace pero sólo en proporción de 4 a 50 por ciento de lo legalmente le corresponde, y sólo 9 por ciento cumple con pagos por arriba de 50 por ciento.

Por medio de su estudio Impuestos y productividad: el juego de las escondidas, el BID subraya que un reciente análisis de la realidad fiscal en México revela que había dos regímenes de impuestos: uno simplificado y otro general. El primero fue diseñado para empresas con ventas anuales menores a 2 millones de pesos, que deben pagar alrededor de 2 por ciento de los ingresos fiscales; el segundo fue diseñado para empresas con ventas anuales superiores a 2 millones de pesos, que deben pagar aproximadamente 28 por ciento de las utilidades como impuestos. Este desequilibrio lleva al grueso de las empresas a mantenerse por abajo del rango de 2 millones de pesos, para evitar que se le aplique el gravamen más alto, algo que por lo demás no contribuye al crecimiento económico ni a la productividad. Eso por el lado de los contribuyentes que no visitan al SAT.

Por lo que toca a las autoridades fiscales, parecen estar decididas a complicar en extremo el pago de impuestos, a invitar a los contribuyentes a que mejor busquen caminos alternos para no cubrir sus obligaciones fiscales. Lo anterior, porque el BID advierte que los mexicanos que de una u otra suerte cumplen con Lolita deben dedicar 517 horas calcular, preparar, presentar y pagar (o retener) sus impuestos, es decir, el equivalente a 21.5 días para satisfacer todos los requerimientos, las decenas de declaraciones previas, la declaración anual, el estire y afloje de los contribuyentes para que los señores de Hacienda queden satisfechos, por mucho que la mayoría ni siquiera voltee a verla.

El promedio latinoamericano en ese renglón es de 320 horas (13.3 días), con lo que México se ubica en el escalón número 22 de 26 posibles, sólo superado por Brasil (líder indiscutible en lo que a burocratización del pagos de impuestos se refiere, pues se necesitan destinar 2 mil 600 horas –108.3 días– para que las autoridades fiscales queden satisfechas), Bolivia (mil 80 horas, o 45 días), Venezuela (864 horas, equivalentes a 36 días) y Ecuador (600 horas, o 25 días). Las naciones de la región en la que menor tiempo se dedica a dichos menesteres son Santa Lucía (92 horas, o 3.8 días), Dominica (120 horas, o cinco días), Granada (140 horas, o 5.8 días) y Belice (147 días, o 6.12 días).

Así, el gobierno mexicano es el que recauda menos en América Latina; lo hace en una proporción limitada y con un estrecho universo de contribuyentes cautivos, en el que recarga las finanzas públicas. Por si fuera poco, es tal la burocratización en el pago fiscal que las empresas, del tamaño que sean, destinan 21.5 días para que los señores de la Hacienda nacional queden satisfechos, tras interminable papeleo y declaración sobre declaración, al tiempo que la legislación es tan flexible que contribuye a la evasión y elusión fiscales.

Cierto es que México no es el único caso, pero sí el más claro. Al respecto el BID señala que la recaudación tributaria en América Latina y el Caribe es baja en comparación con los estándares internacionales, y se concentra en las empresas grandes. Y los impuestos son altos: en promedio llegan a 48 por ciento de las utilidades, mientras que en los países de altos ingresos los impuestos alcanzan en promedio 41 por ciento de las utilidades. Por ello, si los gobiernos adoptan regímenes tributarios más inteligentes, pueden aumentar sus ingresos y financiar los programas sociales y de fomento a la inversión que tanto necesitan, sin perjudicar la productividad ni frenar el crecimiento. La región necesita asegurar que sus sistemas tributarios impulsen una mejor asignación de recursos que facilite una mayor productividad, lo que significa no sólo simplificar los impuestos sino también reducir los impuestos a las empresas en general para abatir el nivel de informalidad.

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