Durante su comparecencia ante la comisión que da seguimiento al conflicto en Cananea, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, asumió la defensa de Minera México, a grado tal que durante las casi cinco horas que duró la reunión fue como si estuviéramos hablando con un intransigente abogado de la empresa, comentó el senador perredista Tomás Torres.

Advirtió que la postura del funcionario de asumir la representación de la parte patronal en el conflicto obliga al Congreso de la Unión a insistir en la demanda de que se revoque al grupo del empresario Germán Larrea la concesión para explotar el yacimiento de Cananea.

El senador del PRD, uno de los que un día antes cuestionaron fuertemente al secretario del Trabajo, dijo que difiere por completo de lo expresado por el funcionario, en el sentido de que ya está definido el conflicto, con la resolución del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, por la que se negó amparo a los mineros y se ratificó la terminación de relaciones laborales acordada por las autoridades del sector.

Seguramente, cuando se haga público el contenido de esa sentencia se llegará a la conclusión de que se puede impugnar, aunque el secretario del Trabajo quiera darle carácter de definitiva y anoche haya asegurado que no procederá ningún otro recurso.

El perredista agregó que en su participación, Lozano Alarcón “dejó también claro que de manera ilegal y contraria a la ética el Poder Judicial le adelantó la resolución por la que se ratifica la terminación de relaciones laborales en Cananea.

El secretario del Trabajo, Javier Lozano, durante su comparecencia del pasado miércoles en el SenadoFoto Jesús Villaseca

Por su experiencia como litigante, el senador Torres detalló que en el informe que el funcionario federal leyó a los senadores –y diputados– asistentes a la convocatoria, se refirió a partes de la sentencia que no son públicas, porque aún no se notifican.

Durante la reunión de la noche del miércoles se le preguntó al respecto al funcionario, pero éste rechazó que se actuara de manera ilegal y justificó el hecho de que el pasado 14 de febrero se haya difundido un boletín donde se detallan aspectos de la sentencia aún no notificada a las partes en conflicto, con el argumento de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no tiene una oficina de difusión.

Tal respuesta no es satisfactoria –agregó el senador zacatecano. “El hecho de que el secretario del Trabajo anticipe que la sentencia de amparo niega al sindicato minero la protección constitucional y lo manifieste con tanto detalle, revela que hay comunicación de las autoridades de la dependencia con el juzgado.

Eso no sólo es ilegal y antiético, porque afecta los intereses de las partes, sino que pone en riesgo la integridad del Poder Judicial.

Lo más grave –advirtió– es que Lozano asuma el carácter de defensor de la empresa, como ayer lo hizo.

El senador Torres consideró que el funcionario ha perdido representatividad con organismos sindicales, tiene poca operación política y poco le ayuda a Calderón, porque en lugar de resolver crea más conflictos y un distanciamiento con el Congreso. No lo han valorado, pero el resultado va a ser la nula comunicación con el Poder Legislativo.