Chihuahua, Chih., 3 de marzo. Organizaciones no gubernamentales (ONG) exigieron al presidente Felipe Calderón Hinojosa y al gobernador José Reyes Baeza Terrazas la aplicación de medidas cautelares urgentes para proteger la vida de la abogada Estela Ángeles Mondragón, cuyo esposo, el también litigante Ernesto Rábago Martínez, fue asesinado el lunes, luego de haber ganado un viejo litigio de tierras en favor de un ejido indígena.

En un desplegado publicado en medios locales, las ONG, encabezadas por el sacerdote jesuita Javier Ávila, presidente de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, sostuvieron que la muerte de Rábago Martínez no es parte de la ola de violencia del crimen organizado que vive la entidad.

Señalaron que hay antecedentes de las presiones y amenazas que padecieron él y su esposa desde que asumieron la defensa de los indígenas del ejido Baqueachi, cuyas tierras fueron invadidas por ganaderos de la región de Carichic, quienes fueron desalojados hace unas semanas luego que la pareja de litigantes ganó todos los juicios en el Tribunal Agrario.

Ernesto Rábago Martínez y su esposa Estela Ángeles Mondragón eran integrantes de la Asociación Civil Bowerasa (Haciendo Camino), organización sin fines de lucro cuyo objetivo es apoyar a las comunidades indígenas de la sierra Tarahumara.

Las ONG también demandaron a los gobiernos federal y estatal poner un alto a las agresiones en contra de los defensores de los derechos humanos, de acuerdo con las recomendaciones de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el informe de Amnistía Internacional. Pidieron que se brinde protección y seguridad a los activistas, que viven entre el compromiso y el riesgo constante.

Después del ataque en el cual perdió la vida el abogado Ernesto Rábago, y las afirmaciones de su viuda sobre las presiones de que fueron objeto por parte de funcionarios de la delegación estatal de la Procuraduría Agraria, el titular de ésta, Pedro Martínez Cháirez, se deslindó del caso.

Sostuvo que jamás participó personalmente en ninguna reunión de conciliación o en el proceso judicial en favor de los 33 ganaderos del municipio de Carichi que demandaron ser reconocidos como ejidatarios en Baqueachi para conservar los terrenos, casas y ganado que mantenían ilegalmente en tierras propiedad del núcleo ejidal indígena.

El funcionario reconoció que el litigio generó tensión y encono en el municipio de Carichic, y legó a presentarse “una especie de apartheid” entre indígenas y mestizos en la región.