El titular de la Secretaría de Gobernación, Fernando Gómez Mont, dijo que la reforma política calderonista pretende evitar que los poderes fácticos, mediáticos o económicos afecten o coopten la representación popular. Lo que se busca es evitar la irresponsabilidad política, expresó.

Dijo que uno de los retos democráticos del país es quitar la vulnerabilidad antes referida y avanzar hacia el interés general y los intereses legítimos de cada sector. Además, pluralizar la oferta y abrir el debate, así como avanzar en la transparencia y rendición de cuentas.

Abrir medios y pluralizar pantallas, sobre todo en un país donde todavía existe un oligopolio que determina un porcentaje importante de la formación de la opinión pública, expresó.

Frente a la directiva y académicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el funcionario continuó ayer en la promoción de la iniciativa enviada por el Ejecutivo al Congreso de la Unión, en diciembre pasado.

En las instalaciones centrales del IPN respondió preguntas de quienes criticaron el proyecto del Ejecutivo, principalmente porque carece –puntualizó el secretario general de esta casa de estudios– de candados para el uso de recursos en partidos políticos, sindicatos, iglesias y, además, porque no propone elementos para evitar que el narcotráfico se infiltre en las campañas electorales.

Gómez Mont respondió: Ciertamente, el tema de la infiltración de organizaciones criminales a la representación política tiene que ver con la transparencia, con la eficiencia y con los costos de la política.

La reunión para intercambiar puntos de vista acerca de este tema se realizó a puerta cerrada, sin acceso a la prensa; sólo se difundió vía Internet.

El funcionario ha establecido diálogo con diversos sectores y, en su agenda, Gobernación tuvo especial interés en informar que el responsable de la política interna tiene programados encuentros similares, por lo menos, hasta el próximo lunes.

Gómez Mont explicó que la propuesta de reforma es de tal alcance que constituye un tema de ingeniería constitucional y estructural, aunque insistió en que el avance de la misma no busca multiplicar tensiones, sino consolidar incentivos que eviten la parálisis política y legislativa.

También insistió en que el país requiere reglas básicas que permitan la evaluación de la gestión pública y contener sus efectos negativos, así como atender el déficit en la responsabilidad política, a fin de que esa situación no se convierta en crisis estructural.

No digo que estemos en vísperas de una revolución o de un ejercicio de transformación totalmente distinto al juego de las fuerzas constitucionales, sino que, en el tiempo, si no atendemos ese déficit, el aislamiento a las fuerzas reales que viven en la sociedad sí puede implicar una crisis de legitimidad en el sistema político mexicano, precisó.

Hacer esa reconexión –agregó– es vital para el buen manejo de la política.

Aunque el funcionario siempre se ha negado a establecer prioridades en el decálogo de la iniciativa de reforma política del presidente Calderón, hizo énfasis –como en foros anteriores– en los beneficios que, a su juicio, tiene la segunda vuelta en la elección presidencial, las candidaturas independientes, la relección de alcaldes y legisladores, la iniciativa preferente y la ampliación del umbral de votos necesarios para que un partido político conserve el registro.

De este último punto, destacó que es necesario parar los privilegios de los partidos, los cuales gastan dinero público.

Debe haber condiciones mínimas de idoneidad para que reciban esos privilegios. No se trata de cerrar la puerta de la competencia política, sino garantizar que aquellos que sean sujetos de privilegios cumplan condiciones (de rendición de cuentas), dijo ante integrantes de la comunidad politécnica durante uno de los variados foros programados para difundir esta propuesta.