Con el fin de evitar la suplantación de automovilistas, la compra de amparos y posibles puntos de corrupción, anoche comenzó la operación de juzgados cívicos móviles que estarán presentes en los puntos de revisión de conductores en el programa.

En entrevista con La Jornada, Othon Sánchez Cruz, director de Aplicación de Programas Preventivos Institucionales de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, explicó que, de un promedio de 500 conductores remitidos semanalmente ante un juzgado civico por manejar en estado de ebriedad, por lo menos 25 por ciento compran un amparo.

“El propósito fundamental es evitar que los conductores que han incurrido en esta infracción sean trasladados de un punto a otro, con lo que se evita la posibilidad de suplantación, que sean sorprendidos por los coyotes que venden amparos, y agilizar el procedimiento”, agregó.

Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ocho votos contra tres, convalidó la constitucionalidad de la multa de 180 días de salario mínimo (unos 10 mil pesos) que en septiembre de 2008 fijó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para sancionar a los conductores a los que se les cancele o suspenda la licencia de manejo expedida en el DF y que para poder conducir en la capital del país adquieren una nueva en otra entidad.