La resolución de los amparos presentados por los pobladores de San Salvador Atenco será importante y trascendente, porque por primera vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará este tipo de recursos a la luz de las conclusiones obtenidas en la investigación sobre violaciones graves a las garantías individuales en las que el pleno de ministros acreditó, en su momento, diversas violaciones graves a las garantías individuales.

Por unanimidad, los cinco ministros que integran la primera sala decidieron ejercer la facultad de atracción para conocer los amparos de 10 pobladores de San Salvador Atenco que fueron detenidos los días 3 y 4 de mayo de 2006, cuando policías federales y del estado de México irrumpieron en esa población.

Ahora los ministros revisarán si el proceso penal de los sentenciados, que concluyó con sentencias de 31 años 11 meses de prisión, estuvo apegado a la Constitución.

En el dictamen, elaborado por Juan N. Silva Meza, se señala que los amparos de los atenquenses son de trascendencia y relevancia jurídica, porque permitirán perfeccionar y fortalecer la doctrina que por primera vez se desarrolló en el caso Acteal, que tiene que ver con el debido proceso, ofrecimiento, desahogo y valoración de pruebas.

También, se informó, será tema de análisis la constitucionalidad del tipo penal de secuestro equiparado, el ejercicio de la libertad de expresión, petición y manifestación.

De acuerdo con el expediente, los amparos atraídos ayer fueron presentados por Óscar Hernández Pacheco, Alejandro Pilón Zacate, Julio Espinosa Ramírez, Pedro Reyes Flores, Juan Carlos Estrada Cruces, Jorge Ordóñez Romero, Adán Ordóñez Romero, Narciso Arellano Hernández, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera y Eduardo Morales, quienes fueron acusados de secuestrar a funcionarios estatales.

Silva subrayó que por primera vez la Corte revisará asuntos derivados de hechos cuyas secuelas procesales y jurídicas no conocía la SCJN al momento de resolver la facultad de investigación sobre la violación grave de garantías en San Salvador Atenco.

A diferencia de los amparos que atrajo la Corte hace unas semanas, solicitados por los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, Ignacio del Valle, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicoa –recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano–, esos asuntos tienen que ver con el secuestro de funcionarios estatales en días previos al ingreso por la fuerza de los policías al poblado, y no con los hechos ocurridos los días en que sucedieron los enfrentamientos y que fueron parte de la investigación de la Corte.