El coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, presentó ayer en tribuna la propuesta de reforma política de su bancada, en la que se proponen cambios que tienen que ver con la operación del Congreso y la institución presidencial, pero también una regulación mucho más moderna y democrática de la suspensión de derechos y garantías, en caso de declaración de estados de excepción, prevista en el artículo 29 constitucional.

Los priístas proponen que la suspensión de garantías “debe ser proporcional al peligro al que se hace frente.

Estamos ciertos de la necesidad de que el Estado pueda responder de forma eficaz ante una emergencia nacional o una situación de grave peligro, pero dicha respuesta debe darse dentro del marco jurídico ya previsto por los tratados internacionales de derechos humanos, expresó Beltrones. Agregó que esa propuesta camina de la mano con lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, firmada y ratificada por el Estado mexicano.

Se especifica que la suspensión de garantías debe ser proporcional al peligro al que se hace frente.

El artículo 29 constitucional indica que en caso de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, el presidente de la República, con la aprobación del Congreso, podrá suspender en todo el país o en algún lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación.

Los senadores del PRI proponen agregar cuatro párrafos, a fin de que la Suprema Corte revise, de oficio, la constitucionalidad y validez de los decretos que emita el Ejecutivo en esa materia. Asimismo, se hace un listado de aquellos derechos que no podrán suspenderse, pese al estado de emergencia, entre ellos la prohibición de la pena de muerte, de la esclavitud, las libertades de conciencia y religión, así como los derechos a la no discriminación y al reconocimiento a la personalidad jurídica.

Al desglosar el contenido de la iniciativa de reforma política, Beltrones detalló que proponen también quitar a la Suprema Corte de Justicia la facultad de investigar violaciones graves a las garantías individuales y pasarla a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La reforma política del PRI contiene reformas a 31 artículos de la Constitución, por los que se indica la suplencia presidencial en caso de ausencia definitiva o incapacidad absoluta del Ejecutivo, se da al Senado la facultad de ratificar a los integrantes del gabinete presidencial, a excepción de los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, así como de los directores de Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y las demás paraestatales.

El PRI plantea también la disminución de senadores y diputados, la relección por una sola ocasión de los senadores y por dos periodos en el caso de los diputados.

En la exposición de motivos de la iniciativa se advierte que no sólo se requiere “apretar un par de cuerdas, sino revisar íntegramente el texto de la Constitución, para abrir válvulas, desactivar bombas y llenar vacíos.

La necesidad de instaurar nuevas reglas políticas debe ocupar un lugar central en el debate político. Resulta indispensable construir todo el sistema de pesos y contrapesos, es decir, la rendición de cuentas por parte de los gobernantes y la relación entre los poderes del Estado.

En su intervención ayer ante el pleno, Beltrones resaltó que muy pronto las instituciones y el régimen político podrían quedar rebasados, por lo que es urgente actualizarlos, democratizar la Presidencia, reformar el Congreso y devolver al poder a los ciudadanos.