El despacho jurídico Olea & Olea abogados, que coadyuva con la Procuraduría General de la República (PGR) y asesora a varias de las menores de edad que acusaron de violación al estadunidense Jean Succar Kuri, responsabilizó este martes a la agente del Ministerio Público Federal con sede en Quintana Roo, Lourdes Nava, de haber abierto la puerta, por negligencia e ineptitud, para que el pederasta pueda regresar en breve a la cárcel municipal de Cancún.

Un abogado de ese bufete que encabeza Xavier Olea Peláez, hijo del ex gobernador de Guerrero Xavier Olea Muñoz, confirmó a La Jornada que probablemente la próxima semana Succar estará en posibilidades de ser trasladado del penal de máxima seguridad del Altiplano, estado de México, a la cárcel de Cancún.

Lourdes Nava se equivocó. No presentó el recurso jurídico idóneo para impugnar la autorización de un juez de primera instancia que permitió el traslado de Succar a Cancún, ya que interpuso un recurso de queja en lugar de uno de revocación, que era el pertinente, por lo que es muy probable que el tribunal unitario de Quintana Roo confirme el traslado del pederasta, pese a que se trata de un reo de alta peligrosidad, indicó el abogado Alejandro Olea Trueheart.

Explicó que si el próximo lunes el magistrado unitario José Ángel Mattar Oliva desecha por notoriamente improcedente el recurso de apelación de la orden de traslado de Succar a la cárcel de Cancún –se tiene previsto que el próximo viernes el juzgador emita su fallo, pero lo notificaría a la PGR y a los abogados del pederasta el lunes siguiente–, lo más probable es que a finales de esa misma semana el estadunidense sea regresado a Cancún.

El 17 de febrero La Jornada adelantó que sería desechada la impugnación que presentó la PGR ante un tribunal unitario de circuito para impedir que Succar vuelva a Cancún.

Un día antes de que se difundiera esa noticia, los abogados de Succar presentaron un recurso de revocación de la apelación ministerial, argumentando que el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Penales impide al Ministerio Público Federal presentar apelaciones en segunda instancia judicial contra los ordenamientos de jueces de distrito que resuelven sobre el traslado de reos.