pesar de la inocultable fractura política que divide a los gobiernos de la región, de los diversos diferendos bilaterales que persisten en ella, y con todo y el encontronazo ocurrido en la cumbre de Cancún entre los presidentes de Colombia y Venezuela, Álvaro Uribe y Hugo Chávez, respectivamente, en ese cónclave fue posible anunciar el acuerdo de 33 países de América Latina y el Caribe para constituir una organización hemisférica sin Estados Unidos y Canadá.
Si persiste la voluntad política de aquí a los encuentros de Caracas (2011) y de Santiago de Chile (2012), ese nuevo foro dotará a las naciones situadas al sur del río Bravo de un mecanismo equitativo de cooperación, integración, resolución de conflictos, solución de problemas comunes e incidencia en los fenómenos mundiales, funciones que la Organización de Estados Americanos no ha podido cumplir por un motivo fundamental: su supeditación a los designios del Departamento de Estado de Estados Unidos y la asimetría inherente a un foro en el que países pobres y dependientes han debido medirse con el peso económico y diplomático no sólo de economías emergentes (Argentina, Brasil, Chile), sino con el de una nación industrializada del primer mundo (Canadá) y con la aplastante hegemonía de la única superpotencia planetaria.
En contraste con esa historia de sometimiento, América Latina han ido forjando por su cuenta, y al margen de injerencias extrarregionales o estadunidenses, instancias multilaterales de probada eficacia en el ámbito de la cooperación económica: la Comunidad del Caribe, el Mercosur, la Comunidad Andina, el Sistema de la Integración Centroamericana. En el terreno de la gestión política y diplomática, los esfuerzos latinoamericanos se han traducido no sólo en la constitución de parlamentos regionales (el Andino, el Centroamericano, el Latinoamericano), sino también en mecanismos de resolución de conflictos, como el Grupo Contadora y su sucesor, el Grupo de Río.
No obstante, es mucho el camino que falta por andar desde este acuerdo inicial hasta la fundación y puesta en marcha de la nueva instancia regional. A juzgar por antecedentes históricos, la diplomacia estadunidense buscará torpedear o desvirtuar la organización en ciernes, y la fractura política latinoamericana –ahondada por los recientes giros a la derecha en Chile, Panamá y Honduras– gravitará en forma negativa en el proceso de toma de decisiones requerido para llegar hasta la constitución del nuevo organismo. Es de esperar que los gobernantes de la zona sean capaces de sortear los obstáculos y que el nuevo organismo pueda entrar en operación lo antes posible. Porque si algo cabe lamentar de la declaración de Cancún es que haya llegado apenas ahora y que fije un lapso tan prolongado para la conformación de la nueva instancia latinoamericana y del Caribe.
