Bogotá, 23 de febrero. La Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó a 40 años de cárcel al ex senador oficialista Álvaro García tras ser hallado culpable de una matanza de 15 personas, en el contexto del sonado proceso de la narcoparapolítica, llamado así por los nexos de políticos con los grupos paramilitares de ultraderecha y el narcotráfico.

García, del partido de la coalición gobernante Colombia Democrática, fue acusado por la fiscalía general de ser uno de los autores intelectuales del asesinato a machetazos de 15 campesinos en Macayepo, en octubre de 2000.

Además de la pena de prisión, el ex senador deberá pagar una multa equivalente a 2.6 millones de dólares y se le prohíbe ejercer cargos públicos durante 15 años. El político, que se entregó a la justicia en 2006 y a mediados de 2007 renunció a su fuero como legislador, también fue declarado culpable de los delitos de concierto para delinquir y peculado.

Según el fallo, García hizo pactos con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para presionar a sangre y fuego a los electores y conseguir su escaño en el Senado, además de utilizar recursos públicos del departamento de Sucre para entregárselos a esos grupos a cambio de respaldo político.

El proceso de la narcoparapolítica comenzó en 2006, cuando las autoridades encontraron en una computadora del líder paramilitar Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40) información sobre los nexos de políticos con las AUC.

Desde entonces han sido investigados 63 congresistas, de los cuales 30 están encarcelados, en su mayoría de la coalición gobernante de derecha.

En tanto, Amnistía Internacional (AI) pidió a Colombia que garantice los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, y que adopte medidas para prevenir los abusos en su contra.

En un informe sobre el tema, destacó que la violencia contra comunidades indígenas aumentó en el último año y se les ha obligado a desplazarse, en medio de los enfrentamientos entre la fuerza pública y los grupos ilegales.

El ministro del Interior, Fabio Valencia, rechazó el informe de AI y atribuyó la responsabilidad de despojos y asesinatos de indígenas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y bandas criminales emergentes.

Mientras, un ex rehén de las FARC, el político Sigifredo López, presentó una demanda contra el Estado colombiano alegando que la deficiente protección que recibía facilitó su secuestro.

El ex diputado de Valle de Cauca, quien fue plagiado junto con otros legisladores el 11 de abril de 2002, exige una indemnización de 2.6 millones de dólares.