Querétaro, Qro., 22 de febrero. Familiares de las indígenas ñañús (otomíes) Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan se manifestaron en esta capital, en compañía de miembros de Amnistía Internacional, para exigir la libertad de ambas, sentenciadas en dos ocasiones a 21 años de prisión por el delito de secuestro en contra de seis elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) –que supuestamente se habría perpetrado el 26 de marzo de 2006–, y en el caso de Alberta Alcántara también por posesión de droga.

Ante el palacio de gobierno estatal, Amalia Juan Regino, Pedro Alcántara Vicente y Gabriel Alcántara Juan, madre y padre de Alberta, así como hermano de ésta y esposo de Teresa, respectivamente, demandaron que las dos mujeres recuperen su libertad. Asimismo, imputaron a la Procuraduría General de la República (PGR) fabricar pruebas contra las indígenas, quienes se hallan en prisión desde 2006.

Leopoldo Maldonado Gutiérrez, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, recordó en conferencia de prensa que el viernes pasado el juez cuarto de distrito, Rodolfo Pedraza Longhi, condenó a Teresa y Alberta a 21 años de cárcel, y a pagar una multa de 160 mil pesos; además, consideró a la segunda responsable de portar 400 gramos de cocaína.

Alberta y Teresa fueron sentenciadas a 21 años de prisión en diciembre de 2008, junto con Jacinta Francisco Marcial. En abril de 2009, el magistrado del tribunal unitario del 22 circuito, Hanz Eduardo Muñoz López, conoció de la apelación interpuesta en contra de la sentencia, y determinó que la acusación estaba plagada de contradicciones, por lo que ordenó reponer el procedimiento para el desahogo de nuevas pruebas, lo cual se desarrolló durante mayo y septiembre del año pasado.

Como parte de esa reposición del procedimiento, Jacinta Francisco obtuvo su libertad en septiembre de 2009. Sin embargo, el 19 de febrero anterior, el juez Pedraza Longhi convalidó las mismas pruebas y condenó nuevamente a 21 años de prisión a Teresa y Alberta.

Leopoldo Maldonado indicó que entre las pruebas en que se basó la PGR para acusar a las indígenas, destaca una llamada anónima que agentes federales recibieron en el sentido de que una persona pecosa, pelo corto, güera, de complexión regular y procedente del estado de México vendía drogas en la comunidad de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco –donde las convictas habitaban–, ésos son rasgos fisonómicos diametralmente distintos a los de Alberta y Teresa.

Añadió que las declaraciones de los agentes federales, quienesdijeron haber sido secuestrados por las indígenas, son contradictorias en tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos.

Maldonado Gutiérrez indicó que el juez no tomó en cuenta pruebas de descargo presentadas por la defensa, en las cuales testigos señalaron que no observaron a Teresa y Alberta retener a persona alguna en el tianguis de Santiago Mezquititlán.

Abogados del Centro Pro dijeron que analizan apelar de la nueva sentencia o, en su caso, solicitar un amparo por las irregularidades detectadas en el proceso.