José Enrique Villa Rivera, ex director del Instituto Politécnico Nacional (IPN), consideró que la inclusión de la palabra laico en la Constitución es un avance para el país, pues da certeza y fuerza al desarrollo del Estado mexicano.

Sin embargo, el obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi, se pronunció en sentido opuesto, al considerar que el hecho de que los legisladores pretendan reafirmar el carácter laico del Estado con sólo poner una palabra al artículo 40 constitucional demuestra que no quieren abordar el aspecto de la libertad religiosa y tienen miedo al tema.

Villa Rivera afirmó que modificación de dicho artículo no pretende inhibir las libertades de religión alguna, y que en caso de que el Senado avale la reforma constitucional significará un avance en el establecimiento del Estado laico y la garantía de una relación armónica de todos los miembros de la sociedad.

En tanto, Felipe Arizmendi criticó que exista resquemor de que los credos, en particular la Iglesia católica, se manifiesten sobre aspectos políticos y económicos. “Por ello –dijo–, se hace todo lo posible para que no se nos escuche”.

Entrevistado durante el seminario permanente El diálogo entre ciencia y fe, realizado en la Universidad Pontificia de México, el jerarca remarcó que la Iglesia católica no está en las nubes; estamos en este mundo y la fe tiene que ver con la política y la economía, porque una política sin ética destruye y una economía sin moral lleva a la debacle como la que hemos vivido en los últimos tiempos.

Con esta tesis, el obispo precisó que la Iglesia católica, como cualquier otro sector, puede aportar a la vida nacional, pero aclaró que nosotros no somos técnicos en economía y política y no queremos arrebatar a los gobernantes y a los políticos su lugar, sino que todos nos escuchemos y todos aportemos al bien común.

Señaló que “ojalá la modificación constitucional no sea para acallar las voces de los credos, que de por sí están bastante acotados debido a que no se ha revisado el tema de la libertad religiosa, al grado de que en algunos aspectos se nos elimina.

“En tiempos de campañas (electorales) a nosotros no nos permiten decir una palabra, nos amenazan con las leyes, la cárcel y otras medidas administrativas y jurídicas, no quieren que hablemos. ¿Por qué no nos permiten que tengamos emisoras de radio o televisión, cuando las puede tener cualquiera que cuente con dinero? –preguntó el prelado. No es que se nos discrimine, se nos elimina, que es peor”, consideró.

En cuanto a la posibilidad de que el Senado avale la reforma al artículo 40 constitucional precisó: Me imagino que avanzará, habrá cargada. Asimismo, consideró que la modificación a dicho artículo sólo puede ser el principio para luego ir por el 130, pero insistió en que si se toca este último, necesariamente se debe abordar el tema de la libertad religiosa.