La dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Paredes, el presidente del Senado, Carlos Navarrete, así como legisladores petistas y panistas, coincidieron en que la presencia del Ejército en tareas de combate al narcotráfico debe ser temporal.

Advirtieron que si bien están dispuestos a revisar la Ley de Seguridad Nacional, vigilarán que el marco normativo para las actividades de los elementos castrenses no se contraponga con el respeto pleno a los derechos humanos.

La propuesta del Ejecutivo será analizada por los legisladores con la convicción de que es imprescindible un cambio en la materia, a más de tres años de los operativos conjuntos de combate al crimen organizado, con la participación del Ejército.

El secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, advirtió el viernes que no es conveniente la prolongación indefinida de la lucha militar contra la delincuencia. La víspera, el presidente Felipe Calderón solicitó al Congreso discutir enmiendas para regular la participación de las fuerzas castrenses en tareas de seguridad interna.

Al respecto, Carlos Jiménez Macías, vocero de los senadores del PRI, aseveró que si bien están listos para estudiar la propuesta del Ejecutivo (la cual en breve sería enviada al Congreso), los legisladores se han pronunciado por que este proceso ocurra con toda cautela.

No nos iremos de bruces. Es notorio que hay un acuerdo para avanzar hacia reformas en la Ley de Seguridad Nacional, pero se trata de un un asunto delicado y estamos claros que no legislaremos al vapor, señaló en entrevista.

El senador perredista Graco Ramírez coincidió en la necesidad de revisar este marco legal porque después de los hechos de 1968 y de otros similares en la década siguiente se pugnó para que el Ejército no actuara como órgano represor ni con intencionalidad política.

Sin embargo, actualmente, con casi la mitad de los soldados en las calles para apoyar operativos policiacos, es razonable delimitar su acción y determinar si lo que requiere el país es un Ejército como instrumento de Estado o como herramienta política, controlado por un partido en el gobierno.

En La Habana, Cuba, el coordinador de los senadores petistas, Ricardo Monreal, consideró que hay preocupación en el alto mando castrense por el riesgo de que a futuro los militares sean sometidos a juicio por hechos ocurridos durante su actuación en tareas policiacas.

Reveló que durante la reunión con los integrantes del gabinete de seguridad nacional, el martes pasado, Galván aludió también a la urgencia de legislar, como lo hizo un día antes, y les explicó que las fuerzas armadas combaten a la delincuencia organizada con base en seis resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de ahí que es urgente un marco jurídico para la actuación y presencia de soldados en las calles.

Navarrete precisó que durante esa reunión todos los grupos parlamentarios coincidieron en la necesidad de iniciar la revisión de la Ley de Seguridad Nacional, aunque no hubo un plazo perentorio y nadie se comprometió a una posición definitiva.

El acuerdo fue empezar de inmediato en el Senado el debate de la iniciativa presidencial.

El diputado panista Javier Corral consideró que la ley tiene que definir tiempos y formas para la acción complementaria del Ejército.

Aunque no se quiera reconocer, uno de los riesgos que derivan de sacar a la calle a las fuerzas armadas son los abusos contra civiles y la violación de derechos humanos, afirmó.

Paredes, diputada federal y dirigente nacional del PRI, resaltó que la postura de su partido ha sido siempre que la presencia del Ejército en el combate al crimen organizado debe ser coyuntural, no una estrategia definitiva.

La senadora priísta María de los Angeles Moreno expresó su rechazo a que se apruebe la Ley de Seguridad Nacional en los términos en que Felipe Calderón la presentó en el Senado.