l que esto se vaya generalizando muestra que es una política oficial. La represión contra trabajadores de todo tipo, profesionistas, técnicos, obreros, campesinos, etcétera, está en el orden del día.

A la expulsión, incluso con las armas, de los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas; a los intentos sucesivos de romper huelgas mineras, en especial ahora la de Cananea, y otras acciones similares, se suma una nueva oleada de despidos, jubilaciones forzadas y expulsiones por la fuerza de sus lugares de trabajo, en Pemex, de miembros de la Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTPP). Todo esto, en medio de presiones para que firmen la renuncia a esta unión y soliciten por escrito la cancelación de su registro.

Ello, a pesar de que esta organización ya cuenta con el registro legal, y la toma de nota del Comité Ejecutivo Nacional de la misma. Con esto se viola el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, que dice: Queda prohibido a los patrones: (...) IV. Obligar a los trabajadores por coacción o por cualquier otro medio, a afiliarse o retirarse del sindicato o agrupación a que pertenezcan, o a que voten por determinada candidatura.

En este y los otros casos, el gobierno federal ha violado no sólo la Ley Federal del Trabajo, sino la Constitución y tratados internacionales que México ha firmado.

Eso no quiebra la lucha de los petroleros por: la reinstalación de los despedidos, el establecimiento de relaciones laborales entre Pemex y la unión, y el respeto a los derechos humanos y laborales de los trabajadores.

No es raro que en otros sindicatos, como el de telefonistas, se haya dicho que ellos también participan en movilizaciones y otros actos, no sólo por solidaridad, sino porque pueden ser los que siguen. De hecho, donde no ocurren este tipo de atropellos es en sindicatos controlados por el gobierno a través del llamado charrismo. Ahí, los trabajadores generalmente sólo pueden mantener su empleo sometiéndose.

Y todavía hay funcionarios que se presentan a sí mismos como defensores de la democracia. Si en una elección no dudan en comprar votos, en usar fondos públicos para promoverse, etcétera, y llamarle a eso democracia, en la vida diaria, negando a los trabajadores sus más elementales derechos, muestran cómo la democracia cotidiana y sindical no existe para ellos.

En la mayoría de los casos hasta el momento, estas agresiones contra el sindicalismo democrático se han dado en entidades públicas. Y se dan como parte de una política encaminada a destruir, de golpe como con LFC o gradualmente como con Pemex y la CFE, a estas entidades, estratégicas y vitales para el país.

Uno de los casos más recientes de esa destrucción gradual de Pemex son las disposiciones administrativas publicadas el pasado 6 de enero en el Diario Oficial, de las que hablamos en este espacio el domingo pasado. Incluye el derecho de adjudicar, por tramos de territorio, zonas petroleras a grandes empresas privadas. El PRI, que hablaba de sumarse a la controversia constitucional, finalmente se plegó con el PAN a las posiciones del gobierno federal y, como sucedió con el aumento del IVA y otras medidas similares, aprobó lo que había criticado. Al no permitir la discusión del punto, en el último día del plazo para la controversia, acabó, nuevamente, sumándose al PAN, a pesar de que se habían quejado de que les habían mentido para que aprobaran el paquete presupuestal a finales del año pasado.

Como vemos, están muy relacionados los aspectos de represión a los trabajadores democráticos con los de la entrega del país y de sus áreas estratégicas. No es la primera vez en la historia en la que se golpea a núcleos sindicales democráticos para facilitar la entrega de entidades estratégicas del país. Y, claro, estos y otros trabajadores se oponen y se opondrán a esa entrega.