ratándose de la propiedad de la nación, en términos constitucionales, lo menos que puede esperarse de la autoridad encargada (algunos le llaman responsable) es que cuide y proteja los intereses de los mexicanos, que esté atenta y evite excesos, irregularidades e ilegalidades. Eso se supone que hace, por ejemplo, la Secretaría de Economía, obligada por ley y oficialmente responsable de la política en materia minera, y como parte de ella las concesiones que otorga a particulares.

Pues bien, entre el supuesto y el hecho el resultado es catastrófico, según lo ha documentado la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano que en su revisión de la Cuenta Pública 2008 deja en claro que la política y las concesiones mineras son un verdadero desastre, a tal grado que comprobó que de las 24 mil 713 concesiones mineras vigentes (hasta ese año) la Secretaría de Economía y áreas especializadas sólo realizó nueve visitas de inspección, lo que indica que la Dirección General de Minas no desempeña su facultad de verificar el cumplimiento de obligaciones de los concesionarios mineros, en términos del artículo 33, fracción 12, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, ya que en este rubro su eficiencia alcanzó 0.04 por ciento del total de concesiones.

La Ley Minera vigente, expedida en el salinato (26 de junio de 1992, reglamentaria del artículo 27 constitucional), se reformó en tres ocasiones: el 24 de diciembre de 1996, para dar certeza jurídica (una frase muy calderonista, pero utilizada 18 años atrás) a los concesionarios y simplificar el otorgamiento de las concesiones mineras; el 28 de abril de 2005, con la finalidad de que se expida un solo título de concesión minera en sustitución de la práctica de expedir títulos para exploración o explotación, y el 26 de junio de 2006, cuando se le adicionaron reglas para la inversión extranjera. Entre otros grandes resultados destaca el que la explotación de las minas nacionales y la comercialización del producto obtenido beneficia en mayor medida a las grandes empresas, dejando a las pequeñas y medianas la rebanada más delgada del pastel.

Pero más allá de la concentración de la riqueza (la minera, en este caso), la revisión realizada por la ASF da cuenta del ostentoso incumplimiento de la Secretaría de Economía en materia minera, aunque no es la única instancia gubernamental dedicada a cuidarle el negocio al gran capital, en demérito de los trabajadores mineros, como Javier Loinsano Alarcón comprende a la perfección. Así funcionan la dependencia a cargo de Gerardo Ruiz Mateos y sus órganos especializados (la Coordinación General de Minería –CGM–; la Dirección General de Promoción Minera –DGPM– y la Dirección General de Minas –DGM). Por ello, va un rápido paseo por los hallazgos de la Auditoría en le referida revisión:

Para los ejercicios fiscales 2007, 2008 y 2009, la Secretaría de Economía no formuló la política pública en materia minera, en incumplimiento de la ley respectiva, al tiempo que se detectaron actos u omisiones que podrían constituir responsabilidades administrativas. No sólo eso, sino que entre los incumplimientos sobresalen: no fijó indicador para medir el cumplimiento del objetivo de impulsar la creación, desarrollo y consolidación de las empresas mineras; no llevó a cabo acciones específicas para la promoción de la competitividad de y para las empresas mineras; no fijó metas e indicadores en la promoción de la inversión; omitió la verificación de los requisitos, los cuales los solicitantes de concesión minera están obligados a cubrir; exceso en los plazos para la emisión de las proposiciones a titulo y expedición de los títulos de concesión minera; omitió verificar las obligaciones de presentar informes estadísticos, técnicos y contables, de comprobación de obras, de pago de derechos por solicitud de concesión minera, y de pago de derechos por concesión minera; no actualizó las cuotas de inversión en obras y trabajos mineros; no realizó visitas a efecto de verificar el cumplimiento de obligaciones de los concesionarios mineros; los procedimientos de cancelación de las concesiones mineras se iniciaron de forma extemporánea y no se incluye, en el Sistema de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Economía, la totalidad de los indicadores de la Coordinación General de Minería.

Una joya de la eficiencia, con Ruiz Mateos en el trono, que no vigila el cumplimiento de la ley y en nada contribuye al bienestar de los mexicanos. Por ejemplo, en el ejercicio fiscal 2008 la CGM fijó una meta de 7 mil 200 nuevos empleos en el sector (5.2 por ciento más que en 2007). Sin embargo, la dependencia reportó la pérdida de 2 mil 228 empleos en el sector minero en el cuarto trimestre del citado año y justificó que la meta no se alcanzó por la caída, en el trimestre citado, de la demanda externa de minerales, la crisis económica y la baja en los precios de los metales. CGM no fue eficaz en la promoción de la generación de empleos en el ejercicio fiscal de 2008, en incumplimiento del Programa Sectorial de Economía 2007-2012.

Por si fuera poco, con la revisión de los expedientes de la muestra de 114 concesiones vigentes en 2008, la ASF documentó que ni los concesionarios informan a la DGM ni ésta verifica que los concesionarios cumplan con las normas oficiales en materia de seguridad de minas y de equilibrio ecológico y protección al ambiente; la Ley Minera señala que corresponde a la Secretaría de Economía verificar el cumplimiento de los deberes y obligaciones a quienes lleven a cabo la exploración, explotación o beneficio de minerales o sustancias concesibles, e imponer las sanciones correspondientes; de lo anterior, concluye, sólo contó con la información de 3 de 114 concesionarios mineros, un índice de eficacia de apenas 2.6 por ciento. Además, se registraron pago de derechos (de por sí ridículos) por abajo de lo legalmente establecido; por medio del referido muestreo, se documentó que 11 concesionarios pagaron de menos y 18 omitieron los pagos conforme a la cuota que les correspondía en ese ejercicio fiscal, de acuerdo con las hectáreas concesionadas y la fecha del otorgamiento de la concesión.

Y así por el estilo. Eso sí, a la hora de madrear mineros son puntuales y siempre están en primera fila.

Las rebanadas del pastel

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