s ya un lugar común que la llamada guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada no ha arrojado los resultados anunciados. Se le ha comparado con un carro de dos ruedas que gira sobre su eje con una sola de ellas, pero sin avanzar ni un milímetro. Es más, podría decirse que retrocediendo, por estar unilateralmente fundamentada en una estrategia de violencia, incluso sesgada, por no abarcar con toda decisión todos los frentes en que aquélla se da.

No es admisible tampoco que simplemente se consideren como daños colaterales todas las víctimas inocentes que han caído en la misma. Ello no obstante, se ha vuelto a insistir en que el Senado dictamine en esta materia la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que el Ejecutivo le envió el 20 de abril de 2009, la cual pretende legalizar la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, encubiertas como de seguridad nacional, o en labores de esta última, sólo porque así lo disponga esa ley, y no porque correspondan a un Estado democrático de derecho.

Ya en estas páginas presenté el 5 y el 12 de septiembre del año pasado un análisis de cómo la adición propuesta a la mencionada ley es anticonstitucional, porque viola los artículos 13, 16 (último párrafo), 29 y 129 de nuestra carta magna. Por ello para su aprobación se requeriría antes una reforma de la misma naturaleza, que además tendría que considerar la no conculcación de derechos humanos. Es más, tendría que tomarse en cuenta el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual dispone que, en forma acotada, y por el tiempo estrictamente necesario, sin suspender derechos humanos fundamentales, e informando a los demás estados parte acerca de sus motivaciones y la fecha en que concluya, puede un Estado establecer medidas de excepción.

Demostré igualmente que la acción de las fuerzas armadas en este asunto no parece ceñirse siempre a las condiciones que la Suprema Corte de Justicia establece en su tesis jurisprudencial 38/2000, igualmente inconstitucional, para que intervengan en cuestiones de seguridad pública, y que sin medidas estrictas de protección frente a las propias autoridades no se puede obligar a la ciudadanía a que participe como auxiliar en este campo.

Por ello es de la mayor importancia que se haya de nuevo reclamado desde la mesa de seguridad pública en el foro Todos somos Juárez el respeto a los derechos humanos. Ya el 11 de febrero se le había entregado al titular del Ejecutivo federal una propuesta en la que se le demanda una acción policiaca y del Ejército, y leyes en consonancia con ello, con respeto irrestricto a las garantías individuales y los derechos humanos. Algo que tiene que ser tomado escrupulosamente en cuenta en el Senado. Y en la propia mesa de derechos humanos, significativa y ominosamente excluida del foro –quizás porque en ella se cuenta con más de mil casos documentados de desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales y robos, entre otros, presuntamente cometidos por elementos del Ejército o fuerzas federales–, se reiteró que ninguna intervención pública puede partir de la violación sistemática de los derechos humanos.

Es por ello de la mayor importancia que se asuma como política de Estado, tal como lo fundamentan muchos especialistas nacionales y extranjeros, que la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, en gran número de veces interrelacionadas, debe tener cuatro ruedas: la acción indiscriminada y represiva del Estado, sí, sin importar condición económica y representatividad política, pero sin violentar derechos humanos fundamentales de la población; la investigación y penalización del lavado de dinero, y de los circuitos económicos y financieros que la alimentan; las políticas públicas de desarrollo productivo y social de la gente, y la participación efectiva de la ciudadanía en las medidas y acciones de seguridad pública.

Por ello nos unimos a las exigencias que el presidente de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos en Chihuahua dirigió el pasado 17 de febrero, en su carta de protesta, a las autoridades de la República, por haber excluido de manera arbitraria a la mesa de derechos humanos del proceso de reconstrucción de Juárez: que el gobierno mexicano incluya de manera inmediata en el diálogo a la mesa de derechos humanos; se abstenga de hacer uso de operativos policiaco-militares contra defensoras y defensores de derechos humanos; se escuchen sus propuestas como vía de resolución del conflicto y se garantice que éste se resuelva mediante diálogo.

Y nos hacemos eco del boletín que el pasado jueves emitió a este propósito la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, integrada por 68 organizaciones en toda la República: “Resulta totalmente contradictorio que primero se reconozca la ausencia de participación ciudadana en el tema de seguridad en Ciudad Juárez y se plantee que ahora sí se promovería, para acto seguido excluir a la mesa de derechos humanos en el proceso de diálogo y búsqueda de soluciones a los graves problemas de violencia en Juárez.

Dejar fuera a los derechos humanos y a quienes los defienden no es nuevo. Más bien ha sido un componente permanente de la política del gobierno federal, del gobierno de Chihuahua y de Ciudad Juárez. Y reitera que en este contexto una política de seguridad sin derechos humanos seguirá siendo de corte autoritario y no dará los resultados que espera la ciudadanía.