Nueva York, 19 de febrero. Las empresas en Estados Unidos han obtenido el derecho de libertad de expresión como si fueran una persona más, y con ello, advierten algunos, se ha socavado la democracia electoral en este país.

El reciente fallo de la Suprema Corte declarando a las corporaciones privadas personas naturales con los mismos derechos de libertad de expresión que los individuos, anula precedentes legales y leyes que limitan y condicionan la participación empresarial directa en el proceso electoral.

El presidente, líderes legislativos, grandes medios y una multitud de organizaciones de defensa de derechos ciudadanos han calificado la decisión como uno de los golpes más duros contra la democracia electoral tal vez en un siglo.

El presidente Barack Obama denunció la decisión el mismo día que se anunció, el 21 de enero.

Con su fallo, la Suprema Corte ha dado luz verde a una nueva estampida de dinero de intereses especiales en nuestra política. Es una victoria mayor para las grandes petroleras, los bancos de Wall Street, las empresas aseguradoras de salud y otros intereses que emplean su poder cada día en Washington para ahogar las voces de los estadunidenses comunes, dijo el mandatario, e instó a los legisladores a que desarrollen una respuesta fuerte contra el fallo.

Legisladores encabezados por el senador Charles Schumer y el representante Chris van Hollen promueven una ley para limitar el impacto del veredicto antes de las próximas elecciones federales legislativas de noviembre.

“Si no, la corte habrá predeterminado el ganador de las elecciones. No serán los republicanos o los demócratas. Será la América corporativa”, advirtió Schumer.

El fallo anula las restricciones en gastos directos de las corporaciones en favor o en contra de candidatos, sobre todo en los medios u otro canal de propaganda.

El fallo fue calificado como desastroso por el New York Times, que en un editorial acusa que la mayoría conservadora de la corte ha pavimentado el camino para que las corporaciones usen sus vastos tesoros y así abrumar las elecciones e intimidar a oficiales electos para hacer lo que se les pide. La decisión es un golpe al corazón de la democracia, añadió.

Para diversas organizaciones nacionales de defensa de los derechos ciudadanos, entrega las elecciones federales a las empresas.

Aunque también anula limitaciones sobre el gasto directo en elecciones a sindicatos (algunos de los cuales celebraron el fallo), las empresas cuentan con tesoros varias veces más grandes, y por tanto los críticos señalan que los republicanos serán los más beneficiados ya que reciben mayor apoyo del sector empresarial.

Vale señalar que Obama recibió mayores aportaciones de individuos en Wall Street que su contrincante republicano durante la pasada campaña presidencial.

El fallo de la Suprema Corte fue a partir de un voto dividido de cinco contra cuatro. En la decisión de la mayoría formulada por el juez Anthony Kennedy se dice que nada justifica los límites sobre el discurso político de corporaciones sin o con fines de lucro.

Con ello se suprimen fallos anteriores que limitan el gasto independiente corporativo en la expresión política electoral y se invalida toda restricción, ya que la prohibición sobre gastos independientes corporativos sería una prohibición de la expresión.

La mayoría argumenta que el gobierno no debe decidir qué expresiones y sus promotores deben tener voz y quienes no, por lo que las corporaciones deben gozar del pleno derecho de libertad de expresión garantizado por la Primera Enmienda de la Constitución.

“Los votantes –agrega– deberían tener la libertad de obtener información de fuentes diversas para determinar la intención de su voto”, y por tanto el gobierno no puede permitir la exclusión de una clase de parlantes (en este caso las corporaciones).

“La corte rechaza el argumento de que la expresión política de las corporaciones u otras asociaciones debe ser tratada de manera diferente bajo la Primera Enmienda solamente porque tales asociaciones no son ‘personas naturales’”, se afirma en el fallo.

La mayoría asegura que la apariencia de influencia o acceso (de corporaciones), de hecho, no causará que el electorado pierda su fe en nuestra democracia.

Pero para los cuatro jueces disidentes que votaron en contra, “el fallo… amenaza minar la integridad de las instituciones electas a través de la nación”, y a la vez dañará a esta institución (o sea, a la misma Suprema Corte).

En el argumento del juez John Paul Stevens a nombre de los disidentes (incluye a Sonia Sotomayor) se indica que el fallo rechaza el sentido común del pueblo estadunidense, que ha reconocido la necesidad de evitar que las corporaciones minen el autogobierno desde la fundación (del país), y ha luchado contra el potencial distintivo de corrupción de la participación empresarial en las elecciones desde los tiempos de Theodore Roosevelt (hace un siglo).

Stevens y sus colegas rechazan el argumento de la mayoría de que parlantes políticos, sean seres humanos o corporaciones, gozan de la misma libertad de expresión.

Aunque hacen enormes contribuciones a nuestra sociedad, las corporaciones no son miembros de ésta. No pueden votar o lanzarse a un puesto electoral, señala.

Ironiza que según la lógica de la mayoría, las empresas podrían tener el derecho al voto, ya que es una forma de expresión bajo garantía de la Primera Enmienda.

Los disidentes advierten que de ahora en adelante las corporaciones y sindicatos podrán gastar el dinero de sus tesoros generales que deseen en publicidad para apoyar o atacar a candidatos específicos, y con ello se anula el precedente establecido anteriormente por esta corte, de que existe un interés gubernamental en evitar tanto la corrupción actual como la apariencia de corrupción de los representantes electos.

Mientras la Cámara de Comercio anuncia que inició el gasto electoral más grande de su historia para el próximo ciclo electoral, agrupaciones cívicas buscan revertir la decisión con una ley o una enmienda constitucional, y así evitar lo que podría ser la transformación de las elecciones en un espectáculo donde las grandes empresas determinen lo que será el nuevo mercado electoral.

Para otros, es sólo un paso más para obtener la mejor democracia que el dinero puede comprar.