La resolución de la Contraloría General del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF), que destituye e inhabilita al magistrado Miguel Covián Andrade por falsedad en su declaración patrimonial, no golpea la credibilidad de la institución y en cambio envía una señal positiva a la opinión pública sobre la autonomía del órgano de control interno, independientemente de quién sea la persona a la que se atribuyen conductas indebidas.

Manifestaron lo anterior los magistrados Adolfo Riva Palacio, Alejandro Delint, Armando Maitret Hernández y Darío Velasco Gutiérrez, al concluir ayer la sesión pública en la que se resolvieron cuatro juicios laborales, y en la que no estuvo presente Covián, aun cuando no ha surtido efecto dicha resolución hasta que la ratifique la Asamblea Legislativa.

En la ALDF, la coordinadora del grupo parlamentario del PAN, Mariana Gómez del Campo, dijo que no corresponde al legislativo local, sino la Cámara de Diputados, definir si procede la remoción del magistrado; atribuyó la resolución de la Contraloría a una revancha política al recordar que Covián votó contra el proyecto que anuló los comicios de Miguel Hidalgo y Cuajimalpa en la etapa procesal de la elección de 2009; adelanto que pedirá que se haga una investigación a fondo en el tribunal y se cite a comparecer a los cinco magistrados y al oficial mayor –cargo inexistente en el órgano electoral– y se aplique una auditoría sobre el manejo de sus recursos.