Más de 40 agrupaciones defensoras de los derechos de las mujeres instaron a Héctor Israel Ortiz Ortiz, gobernador de Tlaxcala, a vetar la iniciativa de reforma por el derecho a la vida –que hoy discutirá el Congreso local–, debido a que penaliza la garantía de las mexicanas a decidir sobre su cuerpo en una entidad que reporta alta mortandad materna y en la que se han denunciado y comprobado redes de trata de personas, principalmente de niñas.

Luego de entregar en la representación del estado en el Distrito Federal una carta dirigida al mandatario, llamaron a los gobiernos de los estados a hacer suya la agenda por la defensa del Estado laico y no la del Vaticano.

Es la agenda del Vaticano la que ha estado pasando en los congresos. Nuestra solicitud tiene que ver con la defensa del Estado laico, porque no puede ser que una moral se imponga y se convierta en ley. Un pecado no puede ser delito. Eso lo tienen que tener bien claro la jerarquía católica y los legisladores, sostuvo Elsa Conde, ex legisladora.

Las organizaciones pidieron a la tlaxcalteca Beatriz Paredes Rangel, presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional, que solicite a sus legisladores en la entidad votar este día contra la iniciativa que condena a las mujeres al aborto clandestino e inseguro. Con ello, agregaron, se evitará que Tlaxcala se convierta en el estado número 19 que avala las reformas antiaborto.

Integrantes de la organización Mujeres por el Derecho a Decidir se manifestaron ayer en el Distrito FederalFoto María Luisa Severiano

En el texto, las agrupaciones firmantes del Pacto por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres detallan que con indignación las mexicanas han atestiguado cómo los legisladores –principalmente del PRI y del PAN– de 18 estados han modificado, con la venia de los gobernadores, las constituciones locales.

“Todas están encaminadas a criminalizar a las mujeres coartando su derecho a decidir sobre su vida, cuerpo y maternidad. Esa reforma significa un grave retroceso para los derechos de las mujeres y vulnera el carácter laico del Estado mexicano al poner en entredicho la investigación y los avances científicos.

Es muy lamentable y reprobable criminalizar a las mujeres por atreverse a interrumpir un embarazo, pero más aún juzgarlas de acuerdo con valores morales que se pretende imponer mediante esa propuesta.

Advirtieron que los congresos de Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán y el estado de México tienen iniciativas contra los derechos de las mexicanas a decidir sobre su maternidad, por lo que hay un amplio trabajo de diálogo con gobiernos y legisladores para evitar que prosperen esos proyectos.