El dirigente sindical Napoleón Gómez Urrutia responsabilizó al gobierno de Felipe Calderón, en particular al secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, y a los directivos y accionistas del Grupo México de cualquier hecho violento contra los mineros en huelga en Cananea, Sonora.

Terminar con una unidad de trabajo como es Cananea sería un retroceso histórico, una vergüenza para México, y más si utilizaran la violencia para desalojar, cuando lo que debieron hacer desde el principio era sentarse a negociar, respetar el contrato colectivo y, sobre todo, la autonomía y la libertad sindical, afirmó.

El líder del sindicato minero se comunicó ayer al mediodía por teléfono a un foro convocado por la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados para cuestionar que Lozano no haya obligado a la empresa a cumplir la ley, “por su servilismo y entreguismo, que pone en evidencia lo que en privado Germán Larrea dice a los empresarios: que es su gato y puede hacer lo que quiera con él”.

Con sus declaraciones y las políticas en favor de la compañía minera, añadió, el titular del Trabajo se encarga de demostrar que así es, porque parece el jefe de relaciones públicas de Grupo México.

Amenaza de retroceso

Gómez Urrutia solicitó a diputados federales del PRD y el Partido del Trabajo su apoyo moral y político a los mineros en resistencia en Cananea, así como para evitar que sea aprobada la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo que se espera presente Lozano a la Cámara de Diputados.

Les pedimos su solidaridad para terminar con esto, que amenaza ser un retroceso histórico, en contra del sindicato minero y de los hermanos de Cananea, y del sindicalismo y de la clase trabajadora, aseveró.

Reprochó que la empresa minera y el gobierno federal hayan desatado una campaña negra, de calumnias en su contra, y denunció que se le ha sometido a chantajes y amenazas a mi familia, incluso de muerte. Han hecho de todo en estos cuatro años.

Confirmó su repudio a una salida de fuerza en el caso de Cananea. He leído declaraciones del secretario del Trabajo, un abogado empresarial convertido en funcionario, de que seremos responsables nosotros de cualquier violencia. ¡Qué manera tan cobarde de lavar su irresponsabilidad e incompetencia!, abundó.

Concluida la llamada, el diputado perredista Ramón Jiménez López sostuvo que los legisladores lamentan que los funcionarios sean los achichincles de la mafia minera. Agregó que responsabilizan de cualquier agresión contra los trabajadores de Cananea a Germán Larrea y al presidente Felipe Calderón.

Comprometió el voto de la bancada perredista contra la reforma laboral que pretende el secretario del Trabajo, porque va en contra del sindicalismo en general, y rechazamos por peligroso, anticonstitucional y contrario a los derechos de los trabajadores, el resolutivo que pretende dejar sin defensa a los trabajadores de Cananea. No sólo ellos sufren la agresión del Poder Judicial, sino todos los trabajadores del país.

Jiménez López refirió que 21 por ciento del territorio del país está concesionado a empresas mineras, sobre todo trasnacionales, que en su afán de lucro desmedido violan las leyes del país.

En el caso del Grupo México, dijo, su voracidad por extraer las máximas ganancias ha puesto en peligro la seguridad de los trabajadores mineros, y pasado por encima del contrato colectivo de trabajo y, sobre todo, las disposiciones de la Constitución y la ley minera.

Ejemplo de lo anterior, expuso, es el trato despótico que la empresa ha dado a los deudos de los 65 obreros muertos en la explosión de la mina Pasta de Conchos, Coahuila.