nas semanas atrás la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, propuso que todos los Estados garanticen, como un bien público no gratuito, el acceso de su población a Internet de banda ancha con el fin de fomentar la innovación en sus economías. A su vez, el presidente brasileño Lula hizo público su proyecto de crear una empresa pública que se encargará de distribuir y transmitir, para llevar Internet de banda ancha a todo el país, amén de cuadruplicar en cinco años los puntos de acceso a dicho servicio.

Es de suponer que en México los encargados gubernamentales de ese sector tecnológico tomaron puntual nota de ambos pronunciamientos, el de Bárcenas y el de Lula, y de inmediato decidieron actuar, aunque en riguroso sentido contrario, porque es conocido que todo lo relativo a bien público o empresa pública les produce sarpullido. Así, en lugar de aceptar la recomendación de la Cepal y seguirle la huella a la decisión brasileña, el gobierno calderonista optó por ceder, sin más, a la iniciativa privada la gruesa inversión de recursos del Estado realizada para lograr un enorme tendido de fibra óptica (alrededor de 21 mil kilómetros a lo largo y ancho de la República), y acompañar el regalo con la extinción de una empresa del Estado y junto con ella a sus 44 mil trabajadores.

Son pocos los tiradores de la iniciativa privada en lo que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, dio en llamar licitación de un par de hilos de fibra óptica oscura, propiedad de la nación, a precios muy atractivos para quien resulte ganador. A pesar de ser un bien público, construido con recursos públicos, los mexicanos sólo podrán participar como consumidores y clientes del servicio privado que otorgue el consorcio que se quede con esa licitación, de tal suerte que en el mejor de los casos la recomendación de la Cepal sirvió al gobierno calderonista para apurar la privatización de lo que el propio organismo regional califica de motor de expansión para las naciones latinoamericanas.

Por lo que toca al proyecto de Lula, en Los Pinos fingieron demencia y de nueva cuenta voltearon la cara al otro lado. ¿Qué impide al gobierno crear una empresa pública que ofrezca el servicio de Internet, que compita en el mercado abierto, que aproveche para la nación lo que ella misma ha pagado (en este caso los 21 mil kilómetros de tendido de fibra óptica), que atienda a toda la población con precios atractivos y que utilice las ganancias obtenidas para financiar otras actividades de interés común?

El gran capital se queja del monopolio existente en la industria de la Internet, pero para romperlo y estimular la competencia exige que el Estado le construya el tendido de fibra óptica, lo exente fiscalmente, le rente la infraestructura a precios de risa y le garantice que sólo unos cuantos tendrán derecho a comer del nuevo cuan exquisito pastel. Por su parte, el gobierno calderonista decidió licitar sólo un par de hilos, cuando la capacidad supera la veintena de ellos. Entonces, con condiciones y limitaciones de esa naturaleza parece que no se avanzará mucho, ni la población, especialmente la de bajos recursos, resultará beneficiada.

En vía de mientras, la Cepal sostiene que el desarrollo de la banda ancha es uno de los principales segmentos de crecimiento y uno de los mayores retos que enfrenta América Latina, debido a la cobertura aún muy reducida de las redes en la mayoría de los países, en particular en lo que respecta a la población de menores ingresos o la que vive fuera de las principales ciudades. Además, la banda ancha en la región es más cara y lenta que la de los países desarrollados. Para el conjunto de los países de la OCDE la tarifa más baja de suscripción mensual de banda ancha en 2008 promediaba 19 dólares, valor muy similar al de Portugal e inferior al de España, que es de 28 dólares, mientras en países como México o Chile ese valor llega a 29 y 35 dólares, respectivamente, en 2009.

En cuanto a la velocidad de acceso, los países de la OCDE tenían en 2008 una velocidad de descarga de información de 17 Mbps en promedio, en tanto que en los países más avanzados de América Latina esta velocidad no supera los 2 Mbps, y en España y Portugal la velocidad de descarga es de 9Mbps y 14Mbps, respectivamente. Se debe considerar que las velocidades de subida y bajada de datos son diferentes, y que, por lo general, la de subida es significativamente menor, de modo que se constituye en un obstáculo para la realización de actividades de teletrabajo, gobierno electrónico, salud electrónica o educación electrónica, entre otros.

La convergencia tecnológica, indica el organismo, se está materializando con la proliferación de ofertas de paquetes de servicios que eliminan las tradicionales fronteras entre distintos mercados de la industria y genera mayor competencia, que se traduce en menores tarifas y mayor calidad de los servicios, en particular en las áreas de la telefonía móvil y el acceso a Internet de baja velocidad. Durante los últimos años, la cantidad de usuarios de Internet ha crecido sustancialmente al pasar de una tasa de 10 por ciento de penetración en 2002 a una de 30 por ciento en 2008. Un aumento importante, pero aún distante de los niveles de los países de la OCDE, que registran tasas superiores a 60 por ciento. En lo que respecta a la banda ancha, se observa también un fuerte incremento en el número de conexiones; sin embargo, los niveles de penetración de la región son sustancialmente menores que los de países más avanzados. En 2008 la tasa de penetración era de 6 por ciento de la población, en comparación con 26 por ciento en los países de la OCDE.

Por ello, en los países de América Latina la oferta de banda ancha móvil es un motor de expansión para el acceso a este servicio, puesto que facilita el despliegue de redes en zonas remotas en las que, en general, no existe otro tipo de conectividad. El incremento que se observa en las conexiones de este servicio hace prever que en los próximos años esta modalidad superará a la fija, y será la fuente principal de ingresos de los operadores móviles.

Las rebanadas del pastel

Los juarenses pueden estar tranquilos, porque el gobierno federal apoyará a la reconstrucción del tejido social en Ciudad Juárez, para lo cual destinará inicialmente 500 millones de pesos, algo así como 357 pesos por habitante, o si prefiere 89 millones menos de lo que a los mexicanos cuesta, cada 24 horas, pagar las prestaciones de la burocracia nacional.

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