14 años de una negociación inédita en que el movimiento indígena nacional participó activamente por decisión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), es importante recordar algunos momentos claves que marcaron el proceso donde se fraguó la razón de Estado para que los tres poderes dieran el portazo a las demandas indígenas y descarrilaran el curso del diálogo. Y no se trata sólo de un afán de numeralia; la cuestión es que el complejo proceso de resistencia que definió el movimiento indígena de cumplir en los hechos los acuerdos de San Andrés y construir autonomías tiene hoy día puntos de quiebre en expresiones del movimiento, que sin ser explícitos parecieran subestimar el alcance de la posición de Estado que se tomó en 2001.

La mañana del 16 de febrero de 1996, la delegación gubernamental para el Diálogo y Negociación con el EZLN recibió la noticia de que la comandancia firmaría los acuerdos sobre Derecho y Cultura Indígenas en su salón de trabajo y no en el de plenarias. Se negaba con ello a otorgar la foto conjunta, pues solamente era el primer paso de la agenda y aún había desconfianza zapatista e indígena fundada sobre el rumbo que tomaría el proceso. No se equivocaron los zapatistas, pues lo que fue la mesa uno se convirtió en la mesa única. Siete meses después, ante el sabotaje oficial a la mesa sobre Democracia y Justicia, el EZLN suspendería el diálogo.

Los años siguientes estuvieron marcados por el violento acoso del gobernador Albores, cuyo propósito de desmantelar los municipios autónomos zapatistas fracasó gracias a la fuerza del zapatismo y a la activa solidaridad nacional e internacional. Pese a ello, el ambiente en Chiapas era tenso por el accionar de grupos paramilitares que finalmente desencadenaron la masacre de Acteal a finales de 1997. El cumplimiento a los acuerdos de San Andrés estaba en el limbo y en 1998 el Senado formuló una propuesta reduccionista de reforma constitucional que fue activamente cuestionada y se guardó en la congeladora.

La Comisión de Concordia y Pacificación previamente había logrado que el EZLN aceptara una propuesta de reforma que si bien acotaba algunos aspectos de los acuerdos mantenía un perfil aceptable; el gobierno federal no la aceptó. Así quedó la conocida propuesta Cocopa hasta el año 2000, cuando Vicente Fox tomó posesión y el EZLN fijó condiciones para reanudar el diálogo y realizó los primeros meses de 2001 la Marcha del Color de la Tierra, que significó la ratificación de los acuerdos de San Andrés y cerró en un Zócalo pletórico de presencia indígena de todo el país y de sectores sociales democráticos que apoyaban activamente ese movimiento.

En ese contexto se logró, no sin polémica, la histórica presencia de la comandancia indígena zapatista y el Congreso Nacional Indígena en San Lázaro; luego vino el dictamen unánime del Senado que diseñó la llamada contrarreforma indígena, cuya publicación en el Diario Oficial el 14 de agosto de 2001 fue precedida de la votación de los diputados del PRD en contra, pese a que sus senadores votaron a favor; del rechazo en las legislaturas locales de las entidades de mayor presencia indígena, la movilización indígena en todas esas regiones y la postura tajante del EZLN y del CNI en contra. Las distorsiones de fondo se concretaron en el acceso al uso y disfrute de recursos naturales en sus tierras y territorios, la autonomía en los diferentes niveles y ámbitos, las comunidades como entidades de derecho público, entre otras. La Suprema Corte hizo lo suyo al declarar improcedentes las 330 controversias indígenas. Para el calderonismo el tema de la autonomía y libre determinación indígena está resuelto con la reforma de 2001, y sobre el EZLN y los acuerdos de San Andrés, ni hablar.

Así las cosas, los encuentros por la rearticulación del movimiento indígena plantean en su agenda junto a otros temas: El derecho a la consulta y la necesidad de una nueva reforma constitucional en el país y asumen, como dice su convocatoria de Páracho, Michoacán, del 12 y 13 de este mes: es una reunión de alto nivel, de ámbito nacional, que desde 2001 no se realizaba con estas características.

Basta recordar que el ex diputado Marcos Matías intentó, sin resultados en el anterior periodo legislativo, que se dictaminara una propuesta de nueva reforma constitucional que retomaba parcialmente algunos aspectos distorsionados en 2001, sin la fuerza que entonces se tuvo y atenido en gran parte a las negociaciones interpartidarias.

La otra cara de los acuerdos de San Andrés está en los procesos en curso: las juntas de buen gobierno en Chiapas, hoy asediadas fuertemente; la policía comunitaria, en Guerrero; el municipio autónomo de San Juan Copala, que enfrenta un entorno de violencia tan cargado de impunidad, y en las comunidades en todo el país que resisten a su modo.