El Ejército y la Armada de México plantean la necesidad de reformar el marco legal para dar sustento jurídico a su participación en el combate al crimen organizado, porque consideran que ni los soldados ni los marinos están protegidos ante su eventual involucramiento en conflictos legales por realizar estas tareas ordenadas por el Ejecutivo federal.

Fuentes castrenses señalaron lo anterior y agregaron que la experiencia que dejó el proceso penal en contra de los generales Humberto Quirós Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro, por su participación en la guerra sucia de los años 70 del siglo pasado, les dejó la enseñanza de que no pueden decirle sí a todo lo que ordenen los políticos, porque después la factura legal le toca pagarla a los militares y no a quienes dieron las órdenes.

El proceso contra los dos generales mencionados se inició en 2002, por nexos con el narcotráfico, y meses después fueron enjuciados por el homicidio de 123 campesinos en el estado de Guerrero, aunque finalmente se les procesó por la muerte de 22.

En 2004, cuando la estrategia del gobierno federal en contra del narcotráfico involucró más a los militares, en una decisión inédita Acosta Chaparro fue liberado de los cargos relacionados con la muerte de opositores al régimen, por desvanecimiento de datos.

Las fuentes consultadas reconocieron que esta decisión abrió la puerta para convencer a las fuerzas armadas de que se sumaran activamente a la lucha antinarco, la cual se intensificó a partir de la presidencia de Felipe Calderón.

Comentaron que fue durante el conflicto en Oaxaca, en 2006, cuando por primera vez las fuerzas armadas rehusaron cumplir una orden de un presidente de la República (Vicente Fox), que los hubiera involucrado en el problema social en que estaba sumergida esa entidad.

Generales y almirantes confirmaron a este diario que los entonces secretarios de la Defensa, Ricardo Clemente Vega García, y de Marina, Marco Antonio Peyrot, le dijeron a Fox Quesada que sí iban a Oaxaca, pero que necesitaban que la orden para intervenir la entregara el Ejecutivo federal por escrito.

Como no hubo documento de por medio, los marinos –que ya se habían desplazado a la entidad oaxaqueña– se replegaron y sólo colaboraron con la entonces Policía Federal Preventiva en reconocimientos aéreos de la zona de conflicto.

Los mandos entrevistados comentaron que no sólo se necesita un marco legal que especifique cuáles son las atribuciones de los soldados y marinos en el combate al crimen organizado, sino también cuáles son las atribuciones y limitaciones que debe tener el comandante supremo de las fuerzas armadas –el Presidente de la República– para sacar las tropas a la calle a combatir la delincuencia. Esto requiere de un catálogo de responsabilidades que involucren a los militares, pero también a las autoridades civiles que les ordenan suplir la ineficacia de las corporaciones policiacas federales.

“No sabemos si dentro de algunos años los militares o soldados que participaron en operativos anticrimen serán llamados a juicio por haber violado presuntamente garantías individuales. No sabemos si denuncias que no han procedido actualmente puedan ser reactivadas en el futuro”, señalaron las fuentes.

Con el actual marco legal, indicaron, los únicos responsables serían los soldados y marinos que actuaron en los operativos, pero la autoridad civil quedaría libre de toda culpa.

Lamentablemente, indicaron, en la reunión que sostendrán este martes los secretarios de la Defensa, Guillermo Galván Galván, y de Marina, Mariano Francisco Saynez Mendoza, con senadores de la República para tratar el tema del crecimiento de la violencia y la estrategia anticrimen, es poco probable que estos temas de fondo sean tratados.