Ante la escasa regulación, en México no funciona el sistema de testigos protegidos y colaboradores. Por ello es necesario que se realicen adecuaciones legales que establezcan qué representa esta condición jurídica y se brinde protección a quienes decidan colaborar con las autoridades, señaló María Eloísa Quintero, doctora en derecho por la Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina.

La investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales dio una conferencia magistral respecto de los testigos colaboradores y señaló que en México, pese a la existencia de una ley de combate al crimen organizado, no está definida dicha figura (delincuente que decide aportar información a las autoridades) ni la de testigo protegido (pueden ser ciudadanos que no han cometido delitos y deciden reportar a las autoridades a un grupo o personas relacionadas con bandas criminales).

Según la especialista, el país debe avanzar en la regulación de muchas situaciones en torno a los testigos protegidos y colaboradores. Para ello, expresó, una buena manera de hacerlo es aplicar lo que se conoce como Ley Modelo de Naciones Unidas sobre protección de testigos, con el fin de que se cuente con verdaderos programas que garanticen la confidencialidad de lo declarado, el tiempo que durará la protección, proporcional al riesgo, y el pago por el servicio prestado por el testigo.

Eloísa Quintero propuso que el país tome como ejemplo el sistema italiano de protección de testigos y colaboradores, particularmente lo relacionado con regulación sobre acuerdos de protección, modalidades y restricciones para que un posible colaborador testifique y reciba beneficios específicos. Ello con el propósito de que el testigo no declare ante el juez sólo una parte, sino todo lo que dijo al Ministerio Público sobre un caso.

Indicó que los testigos colaboradores, es decir, los que cometieron delitos y formaron parte de grupos criminales, no debería guardársele su identidad, pero sí en el caso de los ciudadanos que apoyan las investigaciones, lo que generaría romper la ley del silencio instaurada sobre la sociedad victimizada por la delincuencia organizada mediante incentivos de protección seria, solvencia económica o en su caso los beneficios penales o penitenciarios.