La fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados acordó con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) impulsar cambios sustantivos en las leyes de Ingresos y del Impuesto Sobre la Renta, así como en el denominado presupuesto de gastos fiscales.

Este último renglón representa 502 mil 533 millones de pesos en subsidios a los grandes empresarios en alimentos y medicinas y productos básicos.

Francisco Rojas Gutiérrez, Sebastián Lerdo de Tejada y Óscar Levín –estos dos últimos, cercanos a la presidenta del PRI, Beatriz Paredes– acudieron a las oficinas del titular de la SHCP, Ernesto Cordero, para exponer la agenda económica del priísmo en San Lázaro y conocer el llamado plan de austeridad que la administración calderonista anunció y ya habría comenzado a implementarse.

Acerca del encuentro, uno de los asistentes dijo a La Jornada que ante la postura discursiva del PRI contra el gobierno de Felipe Calderón, a raíz de la concreción de las alianzas electorales entre panistas y perredistas en Durango y Oaxaca, Cordero llamó a la mesura a los legisladores para evitar que tal discusión política afecte la siempre perseguida, pero nunca concretada, reforma fiscal.

El argumento del funcionario redundó en ese tema porque, como se informó en noviembre pasado, cuando fue negociado el presupuesto entre priístas y panistas, se estableció un acuerdo político inconfesable del gobierno federal y el tricolor, por conducto de Acción Nacional, para votar en bloque en favor del gasto del presente año a cambio de no concretar las alianzas electorales, sobre todo en Oaxaca.

El PRI en la Cámara de Diputados impuso esa condición debido a la presión del gobernador Ulises Ruiz, una vez que el panista Javier Corral anunció que era factible esa alianza.

Trascurridos casi tres meses, la presión política del priísmo se agudizó al rechazar a priori la iniciativa de reforma política de Felipe Calderón, y ahora en el ámbito fiscal y económico se perfila un mismo escenario.

El tricolor ha sostenido –en un discurso de corte electoral– que no permitirá que se grave más a los contribuyentes cautivos, como lo ha hecho por norma la actual administración. El último gravamen es el que se aplicó a las pensiones de los ex trabajadores, a quienes ahora se cobra el ISR.

Los priístas que se entrevistaron con Cordero expusieron que el discurso mediático y las acciones legislativas de su partido se enfocarán en revisar con lupa el uso de los recursos públicos por el gobierno federal.

Transparencia

La respuesta sutil del secretario de Hacienda obedeció a que la administración federal está haciendo su tarea –sin especificar en qué sectores o ramos– para ahorrar en el marco del plan nacional de austeridad, pero advirtió que es necesario que la trasparencia se extienda a los gobiernos estatales y municipales.

Sin establecer un acuerdo concreto, durante poco más de dos horas que duró la reunión, las dos partes se comprometieron a impulsar la reforma fiscal, sin especificar en qué temas y sectores podrán hacer equipo.

El tricolor expuso determinación de avanzar en la citada reforma, a la par de la política. Se comentó que para los diputados priístas los cambios urgentes a las leyes económicas son prioridad, ya que la crisis económica afecta a más mexicanos cada día.

En este terreno, el PRI anunció a la SHCP que en el presente periodo ordinario de sesiones impulsará cambios en el artículo 28 de la Ley de Ingresos de la Federación, que marca la obligación de Hacienda de informar al Congreso sobre la aplicación del presupuesto de gastos fiscales.

Tales modificaciones son impulsadas por la comisión especial para revisar esos gastos, que encabeza Sebastián Lerdo de Tejada, y que, se dijo en el encuentro, permitirían por vez primera fiscalizar a los beneficiarios de los privilegios fiscales. Además la Cámara de Diputados estaría facultada para llamarlos a explicar en qué han invertido los beneficios que esto les genera.