a el gobierno federal había expedido el reglamento de Pemex, que debía elaborarse sobre la base de las leyes modificadas en octubre de 2008. Pero el Poder Legislativo había interpuesto una controversia constitucional, y el reglamento se quedó en el aire mientras se resuelve al respecto. Y es que en el reglamento quisieron incluir cosas que el gobierno no pudo meter en las famosas leyes de Pemex, ni conservar de sus proyectos originales.
Pues volvieron a sacar el reglamento, con otro nombre, publicado en el Diario Oficial del 6 de enero pasado, por conducto del consejo de administración, en el que el gobierno federal tiene mayoría absoluta, se promulgan unas Disposiciones administrativas de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas de carácter productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Podían haberle agregado unos dos renglones más, pero, en fin.
Nos referimos a algunos aspectos que me parecen especialmente graves. En el artículo 78 se dice que “en los contratos cuyo objeto sea la ejecución de obras y servicios para la exploración y desarrollo de campos de petróleo crudo y gas natural, se podrán incluir… los siguientes términos:
“Establecimiento de un área de trabajo identificada en términos de superficie con referencia en sectores de un minuto de latitud por un minuto de longitud:
...
Cláusulas que permitan la explotación unificada de yacimientos que abarquen dos o más áreas de trabajo contiguas.
Los dos párrafos anteriores se pueden sintetizar en que en los contratos se pueden entregar, para obras y servicios, áreas determinadas, zonas determinadas, como se hizo con los contratos de servicios múltiples de la región de Burgos, que fue repartida como botín entre un grupo de trasnacionales. Recordamos que este nombrecito se ha usado ya recientemente, en el extranjero, para los contratos de Chicontepec.
Por si fuera poco, en el mismo artículo se permite también “definir… inversiones mínimas para realizar los trabajos requeridos”. O sea, que se vale dejar fuera a empresas pequeñas y medianas o, en general, que no reúnan ese mínimo de inversión.
Recordamos también que los contratos de servicios múltiples de Burgos se dejaron de repartir porque se mostró que eran ilegales. Chicontepec mismo está dividida en ocho regiones.
Pues ahora se discute en las cámaras legislativas interponer de nuevo una controversia constitucional contra este acuerdo del consejo de administración, con las Disposiciones administrativas (incluyendo los dos renglones de rollo que siguen).
A los funcionarios ya no les importa la productividad de Pemex. Siguen derrochando dinero en Chicontepec, cuya producción sigue prácticamente estancada y en el orden de uno por ciento de la producción nacional. Ni que siga declinando la producción de crudo. Sólo quieren negocios
en beneficio de las grandes empresas con las que tienen beneficios mutuos.
Siguen ahí los intentos de ceder plantas petroquímicas, gasoductos y otras instalaciones de Pemex a empresas privadas. Ya se firmó hace unos meses un contrato para entregar materia prima, por abajo del precio que paga Pemex Petroquímica, al proyecto privado gigante de etileno, a pesar de que éste es un hidrocarburo y, por tanto, exclusivo de la nación a través de Pemex.
Es muy importante que se imponga la controversia constitucional. Que se empiece a detener este saqueo, esta liquidación gradual de Pemex en beneficio de unos cuantos multimillonarios. Y que los funcionarios dejen de burlarse de las leyes, que les frenan un reglamento contrario a la ley que pretende reglamentar, y lo vuelven a sacar con otro nombre… y otras ilegalidades.
Para Cananea, de Porfirio Díaz al gobierno actual
