La Paz, 13 de febrero. El Congreso de Bolivia, controlado por el oficialismo, sancionó una polémica ley que otorga al presidente Evo Morales la facultad hasta fin de año para elegir los máximos cargos del Poder Judicial, mientras la oposición tachó la norma de inconstitucional, informaron medios locales.

El artículo tercero de la nueva norma autoriza al presidente del Estado a nombrar con carácter interino a las autoridades de los cargos acéfalos de la Corte Suprema, Tribunal Constitucional y Consejo de la Judicatura.

Los cargos estarán vigentes hasta fin de año, cuando se realicen elecciones populares para nominar por voto a las autoridades de estas tres instancias del Poder Judicial, según la Carta Magna.

La nueva ley fue sancionada por el Senado la noche del viernes al sábado, tras ser aprobada en primera instancia por la Cámara baja. En ambos cuerpos el oficial Movimiento al Socialismo tiene mayoría, luego del triunfo abrumador del presidente y su partido en los comicios de diciembre.

Ahora Morales, que comenzó su segundo mandato en enero, elegirá en los próximos días a 18 de las máximas autoridades del Poder Judicial: cinco de la Corte Suprema de Justicia, 10 del Tribunal Constitucional y tres del Consejo de la Judicatura, instituciones en las que hay numerosas vacantes por renuncias de magistrados.

Diputados y senadores opositores cuestionaron duramente la ley aprobada, al afirmar que pone en serio peligro la independencia de poderes. El senador opositor Bernardo Gutiérrez dijo que acudirán a todas las instancias necesarias, incluida la Organización de Estados Americanos, ante un antecedente nefasto y porque hoy se enterró la democracia.

Mientras tanto, algunos medios de prensa críticos del gobierno señalaron que la legislación da poder absoluto a Morales.

En tanto, reportes de prensa informaron que más de 30 líderes bolivianos que forman casi toda la cúpula de la oposición política y cívica están en procesos judiciales impulsados por el oficialismo por diferentes causas.

En la lista de procesados destacan los ex gobernadores Rubén Costas (Santa Cruz), Ernesto Suárez (Beni), Mario Cossío (Tarija), José Luis Paredes (La Paz), Manfred Reyes Villa (Cochabamba) y Leopoldo Fernández (Pando).

Costas, Suárez y Cossío son ahora candidatos a la relección en los comicios del 4 de abril, mientras que Paredes y Reyes Villa salieron del país antes de ser detenidos, lo que para el gobierno significa que huyeron por ser culpables de los delitos imputados.

Fernández está desde septiembre de 2008 en una cárcel pública, con un juicio paralizado y cargos de ser el autor intelectual de una matanza de campesinos ese año.

Los prefectos de Santa Cruz, Beni y Tarija están acusados de desvío de fondos públicos por haber organizado en 2008 referendos para aprobar la formación de gobiernos autónomos, y los de Cochabamba y La Paz por malos manejos administrativos. En la lista de acusados también está la actual gobernadora de la región de Chuquisaca, Savina Cuéllar.

Además, hay procesos por diferentes causas contra una veintena de dirigentes cívicos (derecha) de las regiones de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, donde se halla la principal oposición al presidente Evo Morales. Entre ellos está el rico empresario Branko Marinkovic, por supuestos vínculos con un grupo de mercenarios boliviano-europeo, disuelto a tiros el año pasado.