Jalapa, Ver., 13 de febrero. La candidatura de unidad al gobierno del estado que había caracterizado los procesos internos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los sexenios recientes está en riesgo, pues al menos dos de los seis precandidatos se rehúsan a declinar de sus aspiraciones a unos días de que se abran las inscripciones.

Uno es el diputado local Héctor Yunes Landa, ligado al senador Manlio Fabio Beltrones e identificado como el priísta rebelde, pues hace proselitismo en todo el estado pese a la evidente preferencia que el gobernador Fidel Herrera Beltrán y la dirigencia estatal del PRI tienen por Javier Duarte de Ochoa, diputado federal y ex secretario de Finanzas.

Este domingo, los 600 delegados al consejo estatal del PRI sesionarán en esta ciudad para revisar la convocatoria elaborada por el Comité Ejecutivo Nacional para la selección de candidatos a la gubernatura, las 30 diputaciones locales de mayoría y las 212 alcal-días que se renovarán el 4 de julio.

Dicha asamblea ordenará la publicación de la convocatoria y el lunes 15 iniciará el periodo de inscripción de precandidatos.

Sin embargo, los priístas llegarán al consejo estatal en medio de una guerra interna entre los grupos que apoyan a Duarte de Ochoa y a Yunes Landa, lo que dificultará la pregonada candidatura de unidad.

Mediante inserciones pagadas en periódicos locales y nacionales, así como declaraciones de prensa, Yunes Landa –quien en julio de 2009 fue obligado a dejar la presidencia de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local luego que el primero de julio anunció que buscaría ser postulado por el tricolor a la gubernatura– ha denunciado la intervención del gobernador Fidel Herrera y del dirigente estatal Jorge Carvallo para imponer Duarte de Ochoa y bloquear al resto de los aspirantes.

Elvia Ruiz Cesáreo, diputada local y dirigente estatal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares incluso le gritó ¡traidor! a Yunes Landa cuando anunció su separación temporal del Congreso para buscar la candidatura.

Yunes Landa asegura que en seis meses al menos 30 funcionarios estatales que simpatizan con su postulación han sido despedidos de cargos públicos por órdenes de Herrera Beltrán, mientras empresarios, ediles, militantes y líderes locales son forzados a no acudir a sus reuniones u ofrecer apoyo a su precandidatura. Los casos más recientes de represión a su activismo sucedieron en San Andrés Tuxtla y Córdoba.

El 6 de febrero, policías armados, enviados presuntamente por el alcalde de Córdoba, Juan Lavín, amenazaron y desalojaron a simpatizantes de Yunes Landa de un local alquilado al empresario Emilio Bueno González.

El caso fue denunciado a la opinión pública y a la dirigencia nacional del PRI por Yunes Landa, quien también se ha quejado de que Herrera Beltrán puso a disposición de Duarte de Ochoa el aparato y los recursos estatales.

El ex secretario de Finanzas utiliza helicópteros y vehículos terrestres oficiales, y hasta guardaespaldas al servicio del gobierno estatal para sus recorridos en la entidad; en los actos públicos a él lo programan como orador principal, es el que inaugura obras o entrega apoyos en especie en nombre de las dependencias estatales. Todo ha sido documentado y presentado a la dirigencia nacional del PRI mediante la organización Foro Democrático Priísta, que respalda a Yunes Landa.

La intromisión de Fidel Herrera para favorecer a Duarte de Ochoa quedó de manifiesto el 4 de febrero, cuando en una entrevista radiofónica afirmó que en el juego democrático Córdoba podría aportar al nuevo gobernador. Duarte de Ochoa es originario de la ciudad aludida y dos días después presumió en los medios locales: Soy cordobés por los cuatro costados.

En respuesta, los priístas afines a Javier Duarte acusan al legislador con licencia de haber traicionado la fidelidad, palabra usada como lema de gobierno y evoca lealtad partidista y personal a la gestión del propio Herrera Beltrán.

A pesar de que dos veces Duarte de Ochoa y Yunes Landa se han reunido para tratar de consensuar una candidatura de unidad, todo ha sido infructuoso y ya se pronostica una ruptura interna.

En este contexto se realizará el consejo estatal del PRI, en el que se anticipan sólo dos precandidatos inscritos. Obligados o autodescartados para no confrontarse con el gobernador, en el camino se quedarán Reinaldo Escobar y Ranulfo Márquez, secretarios de Gobierno y de Desarrollo Social, respectivamente; los diputados federales José Yunes Zorrilla y Adolfo Mota, a quienes en algún momento se les consideró contendientes a la candidatura del tricolor.