Profesores disidentes y líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que encabeza Elba Esther Gordillo Morales, señalaron que tres semanas después de la entrega del pliego general de demandas 2010 del magisterio ante el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Alonso Lujambio, en los estados no se ha realizado ningún acercamiento para presentar las peticiones estatales ni se conoce a detalle cuáles son las exigencias del gremio para alcanzar un aumento salarial.

Afirmaron que luego del incremento en los impuesto sobre la renta (ISR) y al valor agregado (IVA) vigentes desde enero pasado, al que se suma un aumento de medio punto porcentual en la cuota destinada a pensiones y jubilaciones, la mayoría de los maestros no llega a fin de mes con sus ingresos, situación que ha obligado a que proliferen las solicitudes de préstamos a cajas de ahorro, e incluso, a casas de empeño.

Líderes magisteriales en Tamaulipas, Sonora, Jalisco, Morelos, Puebla y estado de México señalaron que en gran parte del país ni siquiera se ha cumplido con el ritual que año con año obliga a los comités ejecutivos estatales a entregar su pliego de demandas, pues el magisterio de base desconoce totalmente qué propuesta presentó el SNTE para garantizar mejores ingresos.

Advirtieron que un incremento de menos de 5 por ciento quedará inmediatamente pulverizado ante todas las alzas que enfrentan los maestros, quienes se han visto obligados a vivir prácticamente de prestado.

Pedro Ramírez Vázquez, dirigente del magisterio disidente en el valle de México, indicó que en la sección 36 “muchas veces ni siquiera existe un pliego de demandas estatal porque los acuerdos se dan en la cúpula charra que controla Elba Esther Gordillo”.

Al respecto, dirigentes del SNTE en el norte del país enfatizaron que la crisis económica afecta seriamente el bolsillo del profesor. La presión para las dirigencias estatales es responder a la exigencia de mejora salarial, pero al mismo tiempo se ha cerrado toda información sobre cuáles son las verdaderas demandas que está negociando el Comité Ejecutivo Nacional en la comisión rectora con las autoridades educativas federales, y que son la pauta para las discusiones en los estados.