El gobierno de Chiapas convocó a la instalación de una mesa de distensión para lograr un acuerdo de convivencia para el arreglo definitivo del conflicto en Agua Azul, en el que se respete el derecho a la tierra y el libre tránsito, señaló Pedro Raúl López Hernández, fiscal para la Protección de los Organismos no Gubernamentales para la Defensa de los Derechos Humanos.

Mencionó que la Procuraduría General de Justicia del estado continúa con las indagatorias para establecer cómo ocurrieron los hechos del pasado 6 de febrero y deslindar así las responsabilidades correspondientes de los presuntos actos delictivos que ahí se cometieron.

La mesa de distensión surge ante la exigencia de castigo a los culpables de homicidio y tortura por parte de un grupo y para evitar provocaciones del antagónico en torno a los hechos de Agua Azul.

“Lo que podemos afirmar sin ninguna duda es que como resultado de ese suceso perdió la vida por proyectil de arma de fuego Adolfo Moreno Estrada, del poblado Agua Azul. Que cinco personas más del mismo poblado sufrieron heridas por proyectil de arma de fuego: Sotero Urbina Guzmán, Antonio Pérez Hernández, Elías Moreno García, Emilio García Moreno y César Pérez Silvano.

Dos de ellos, agregó, con heridas que ponen en riesgo la vida: Elías Moreno García, internado en el hospital regional de Palenque, y César Pérez Silvano, en el hospital de especialidades Vida Mejor, de Tuxtla Gutiérrez.

Este último estuvo retenido en el poblado Bolom Ajaw y refirió no haber recibido los primeros auxilios ni atención médica hasta el 9 de febrero, cuando fue entregado por los pobladores de Bolom Ajaw a las autoridades.

En rueda de prensa, López Hernández detalló que son 37 personas lesionadas del poblado Agua Azul (en este grupo hay mujeres y hombres); 11 de éstas, hospitalizadas. Las heridas que presentan fueron producto del impacto de proyectil de arma de fuego, impacto por grapas de alambre de púas y balines arrojados mediante resorteras, heridas por machete y golpes con palos y piedras.

A las personas lesionadas y al hoy occiso les fue practicada –por las autoridades competentes– la prueba de rodizonato de sodio para determinar si dispararon arma de fuego. En todos los casos resultó negativo.

Además, siete personas fueron privadas de su libertad, dos de ellas lesionadas y una se encuentra en estado grave. Todos los retenidos que han podido declarar hasta hoy manifestaron ante las autoridades que fueron torturadas.

El poblado Agua Azul sufrió el corte de suministro de energía eléctrica por parte del otro grupo y el bloqueo del camino que lo comunica con la carretera Ocosingo-Palenque.

Desde el día de los hechos, el gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, instruyó a los cuerpos de seguridad a tomar medidas cautelares, con el fin de evitar nuevos hechos violentos.

De manera paralela, envió una comisión de funcionarios para buscar la mediación y la distensión por conducto del diálogo y la negociación.

Esta comisión buscó, la misma noche del suceso, la interlocución en el denominado municipio autónomo Comandanta Ramona. El 7 de febrero la junta de buen gobierno Corazón del arcoiris de la esperanza obtuvo la intermediación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, misma que fue reconocida por el gobierno del estado, formalizando las negociaciones posteriores.