Amnistía Internacional (AI) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) consideraron que no reconocer que con la participación del Ejército en la lucha contra el narco se han intensificado las violaciones a los derechos humanos es una irresponsabilidad del Ejecutivo.

En tanto, el representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, señaló que la presencia del Ejército en las calles debe ser temporal, pues la seguridad pública no sólo se garantiza con medidas de represión.

AI y el Prodh señalaron que las fuerzas castrenses que participan en estas tareas deben ser sometidas a controles, y la violación a garantías individuales debe ser juzgada por tribunales civiles.

Por separado, Alberto Herrera Aragón, director ejecutivo de AI México, y Luis Arriaga Valenzuela, director del Prodh, indicaron que al no reconocer las violaciones cometidas por el Ejército hay imposibilidad de avanzar y tomar medidas para terminar con esa situación, que no es una apreciación subjetiva o infundada, sino ampliamente documentada.

Arriaga dijo que las violaciones de militares son tan tangibles y reales que las quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se sextuplicaron de 2006 a la fecha.