Después del llamado del secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván, a que se aprueben las reformas presidenciales pendientes, la bancada del Partido Acción Nacional en el Senado buscará los consensos con otras fuerzas políticas a fin de que la iniciativa que da sustento legal a la participación del Ejército en la lucha contra el narcotráfico se dictamine en este periodo de sesiones.

El coordinador de los senadores panistas, Gustavo Madero, urgió a aprobar la Ley de Seguridad Nacional presentada por Calderón en abril del año pasado en Xicoténcatl –que da mayores facultades a las fuerzas armadas– y confirmó que es uno de los temas que tratarán con los secretarios de Defensa, Marina y Seguridad Pública, durante la comparecencia de éstos ante la Junta de Coordinación Política, el martes próximo.

El presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, Felipe González, dijo que es muy grave que no se haya dictaminado la iniciativa presidencial y esté casi congelada desde hace un año, porque se está dejando en la inseguridad jurídica al Ejército en su papel de policía nacional.

A su juicio, en la reunión con los integrantes del gabinete de seguridad nacional tienen que debatir sobre esa iniciativa y otras cuatro relativas al papel de las fuerzas armadas en la batalla contra la violencia y la criminalidad, resaltó el panista.

Otro legislador del blanquiazul, el presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro González Alcocer, reconoció que es un tema difícil de tratar, que no ha logrado el consenso, pero que debe discutirse en el Senado, porque se requiere dar un marco jurídico adecuado al Ejército, porque su participación en seguridad pública en la lucha contra el narcotráfico se da con base en un criterio de la Suprema Corte prendido con alfileres.

El coordinador de los senadores del Partido del Trabajo, Ricardo Monreal, advirtió que la reforma de Calderón propone legalizar la presencia permanente del Ejército en las calles y le da mayores atribuciones en seguridad pública, además de que contiene otras disposiciones preocupantes, como permitir al Ejecutivo federal imponer estados de excepción, en regiones o entidades, sin la participación del Congreso.

Fines políticos

Por ello es una reforma que no puede aprobarse en sus términos, y menos tras la experiencia con las figuras de arraigo y testigos protegidos, que se han utilizado con fines políticos, como es el caso de los alcaldes de Michoacán y los custodios de Zacatecas.

Sin embargo, el ex perredista René Arce, quien participará en la comparecencia del gabinete de seguridad nacional, dijo que los legisladores tienen que entrarle ya a la discusión de esa reforma, porque tampoco podemos dejar ahí guardado en el cajón un asunto tan delicado.

Dijo que entiende la preocupación que hay en el Ejército, ya que sin un sustento legal para que participen en tareas de erradicación del crimen organizado, a futuro los militares pueden ser llamados a cuentas y juzgados por violaciones a derechos humanos y por ello hay cada vez mayor inquietud en el mando castrense. A ello responde en mucho lo expresado por el secretario de la Defensa Nacional hace unos días, resaltó.