El Estado mexicano no ha dado ni una sola muestra de voluntad de cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso del campo algodonero, sostuvo Andrea Medina Rosas, integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer, quien añadió en entrevista que la autoridad ni siquiera ha implementado la resolución que tiene que ver con brindar atención médica y sicológica a las víctimas, ayuda que hasta la fecha se les ha negado, pese a la obligación de la autoridad de otorgar ese apoyo de manera inmediata.

Hasta la fecha, lo único que han hecho las autoridades es publicar la sentencia de la CIDH en el Diario Oficial de la Federación, pero esas siguen siendo acciones más de forma que de fondo, indicó.

De acuerdo con la CIDH, el Estado mexicano violentó los derechos a la vida, la integridad, la libertad personal, a la no discriminación, al acceso a la justicia y protección judicial en perjuicio de tres mujeres (dos de ellas menores de edad), cuyos cuerpos fueron encontrados en noviembre de 2001 en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, y de sus familiares.

La sentencia, aprobada en diciembre pasado, ordenó a las autoridades mexicanas reparar el daño, investigar los crímenes y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, iniciar indagatorias respecto de la violencia sexual en Chihuahua, divulgar la información sobre el caso, indemnizar a los deudos e investigar los casos de hostigamiento en contra de los familiares de las víctimas.

El fallo –que es definitivo e irrevocable– señala que Claudia Ivette González Banda, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal fueron víctimas de homicidios por razones de género, en un contexto de violencia contra las mujeres en Juárez.

Al respecto, Medina Rosas dijo que la CIDH llevará a cabo la revisión general del cumplimiento de la sentencia en diciembre próximo.