Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), familiares y abogados de los presos políticos de Atenco celebraron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya atraído los amparos interpuestos por Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicoa en contra de las penas que se les impuso, y señalaron que el máximo tribunal tiene la oportunidad histórica de corregir las arbitrariedades cometidas por el Poder Judicial del estado de México, revocando las sentencias.

En conferencia de prensa, Rosa Nelly Urrutia, madre de Galindo; Catalina González, esposa de Álvarez; Trinidad Ramírez, cónyuge de Del Valle, Saúl Ríos del FPDT, y los abogados Leonel Rivero y Rosa Nelly de la Vega expresaron que los argumentos presentados ante la SCJN son contundentes y por lo tanto ésta deberá fallar a favor de los atenquenses.

Señalaron que el proceso estuvo plagado de irregularidades y que los luchadores sociales fueron juzgados por tribunales carentes de imparcialidad e independencia, por lo tanto sus sentencias –de 112 años de prisión a Del Valle y 67 años a Galindo y a Hernández– deben ser revocadas.

De la Vega, representante legal de Galindo, resaltó que el delito de secuestro equiparado que se les imputó es inconstitucional, y dijo que esta figura es utilizada para criminalizar la lucha social. Confió en que la SCJN declare inconstitucional ese ilícito que es castigado con penas iguales e incluso mayores que el secuestro, cuya finalidad es el lucro.

Leonel Rivero, abogado de Del Valle y Álvarez precisó que ese ilícito no les era imputable a los tres atenquenses detenidos en el penal del Altiplano. Demostramos que el delito de secuestro equiparado no existió como tal, porque el Ministerio Público nunca acreditó que hubiera existido un acuerdo específico y previo para privar de la libertad a los funcionarios, que es de lo que se les acusa.

Señalaron que otras irregularidades ocurridas durante la sustanciación del sumario fueron que las autoridades mexiquenses violaron los principios reguladores de la valoración de las pruebas, el principio de presunción de inocencia y el de debido proceso, pues dentro del sumario no se acreditó el cuerpo del delito de secuestro equiparado.

Rivero abundó que las demandas de amparo serán acompañadas por escritos que se denominan amicus, que serán elaborados por reconocidos centros de derechos humanos nacionales e internacionales, como el Centro Pro y Amnistía Internacional, y añadió que también solicitarán la realización de audiencias públicas, para que los ministros de la primera sala escuchen de viva voz los argumentos de la defensa.

La expectativa es que la resolución de la Corte se emita después de agosto y que en pocas semanas más los casos de los otros nueve atenquenses recluidos en El Molino sean también atraídos por la SCJN.