A ocho años de que el PRI bloqueó en el Senado la reforma política del Distrito Federal, los ex diputados de la Asamblea Legislativa (ALDF) Manuel Jiménez Guzmán y Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre admitieron que los verdaderos motivos no fueron de índole jurídica, sino política, y que por envidias y mezquindades al interior del partido se congelaron las iniciativas que habían sido aprobadas por unanimidad en el legislativo local y la Cámara de Diputados, dejando perder una gran oportunidad histórica para la ciudad.

La senadora María de los Ángeles Moreno Uriegas adelantó, en tanto, que el grupo parlamentario de su partido piensa tomar la delantera en la presentación de una nueva iniciativa de carácter constitucional.

Al continuar el foro sobre la reforma política del DF organizado por el PRI capitalino, su bancada en la ALDF y la Fundación Colosio-DF, Jiménez Guzmán consideró que ahora sí tenemos la posibilidad de una reforma, que no transitó en el Senado por diversas circunstancias, más bien de carácter político, y resaltó la necesidad de dotar a la ALDF de facultades plenas.

Gutiérrez de la Torre sostuvo que la reforma de 2002 no fue aprobada, y debemos mencionarlo con todas sus letras, porque no hubo acuerdo entre el presidente de la Comisión del Distrito Federal en el Senado de la República (el entonces senador por Morelos David Jiménez Guzmán) y la coordinadora del PRI en la Asamblea (Moreno Uriegas, quien preside ahora la citada comisión del órgano legislativo federal) que hiciera posible la propuesta; que por envidias y mezquindades por ver quien era el padre o la madre de la reforma, fue congelada.

Por la noche, Moreno Uriegas se pronunció en contra de una reforma en la ruta de convertir al DF en estado 32 y refirió que en la iniciativa elaborada en el Senado por la fracción tricolor, la entidad se mantiene como capital federal; sólo se concedería a la ciudad facultades para aplicar reformas en una parte del Estatuto de Gobierno, no se cederá al Ejecutivo local el mando de la fuerza pública y el Senado mantiene la facultad de remover al jefe de Gobierno, ya no por mayoría absoluta, sino calificada, por causas graves que afecten la relación con los poderes federales y órganos locales o por incumplimiento de leyes del orden federal o local.

En el caso de la policía, señaló la conveniencia de establecer la figura de comisionado en lugar de secretario y que siempre tuviera presente que el presidente de la República, sobre todo en circunstancias especiales, tendría el mando directo, no sólo sobre el comisionado de seguridad pública, sino inclusive sobre el jefe de Gobierno de la ciudad y sobre el conjunto de las actividades que se desarrollaran en la ciudad.