La Iglesia católica aseguró que no le teme al Estado laico y dijo que confía en la confesionalidad basada en el respeto y promoción de la dignidad humana y el derecho a la libertad religiosa, así como en lograr un laicismo sano y maduro. Subrayó que una modificación al artículo 40 de la Constitución no debe estar basada en prejuicios o análisis someros.

Lo anterior fue manifestado por el arzobispo de León, José Guadalupe Martín Rábago; el obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi, y el rector de la antigua Basílica de Guadalupe, Pedro Agustín Rivera Díaz, quienes abogaron por el derecho de la Iglesia a la libre expresión y sugirieron que la modificación legislativa tendría tintes partidistas.

Arizmendi precisó que con esto se percibe el deseo de acallar la voz de la Iglesia y restringir aún más sus limitadas libertades, por lo cual criticó que legisladores ignorantes de su religión, queriendo quedar bien con pequeños grupos antirreligiosos muy beligerantes, y no perder votos, apoyan iniciativas no acordes con su fe.

Martín Rábago, al hablar sobre el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que agregó en el artículo 40 de la Constitución la palabra laico, sostuvo que a la Iglesia no le amedrenta la existencia de un Estado laico, sino por el contrario promueve ese carácter como el recto camino jurídico para el reconocimiento en plenitud del derecho humano a la libertad religiosa.

En conferencia de prensa, Rivera Díaz dijo estar en desacuerdo con que se legisle sin tomar en cuenta los aportes hechos por las iglesias y exhortó a que antes de hacer cambios legislativos la situación se analice con profundidad y se dejen de lado los prejuicios; de no ser así se daría pie a una legislación trunca.

Remarcó que las iglesias no buscan privilegios, sólo se pide que se tome en cuenta también el sentir de la sociedad y rechazó la existencia de algún encono contra algún partido político.

Martín Rábago precisó que necesitamos reformas constitucionales, pero que afiancen el carácter democrático de un verdadero Estado de derecho, lo cual supone que se promuevan condiciones necesarias para que los ciudadanos desarrollen su vida en libertad. Esto supone que el Estado garantice a los creyentes de cualquier religión, así como a los no creyentes su plena igualdad ante la ley, sin ningún género de privilegios ni discriminaciones.

Destacó en un escrito que la libertad religiosa requiere “mucho más que el simple reconocimiento de la libertad de pensamiento y de culto (…) requiere del derecho de asociación religiosa no condicionado por requisito administrativo; supone igualmente el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones religiosas y el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia”.

Arizmendi consideró que “en el fondo se nota un temor de que si no se refuerza al Estado laico, éste puede perder su poder ante lo que llaman el ‘embate’ de la Iglesia católica” y apuntó que no nos creen cuando les decimos que nosotros también abogamos por un sano y maduro laicismo bien entendido; desconfían, como si pretendiéramos un Estado confesional.