La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo ayer los primeros dos amparos presentados por líderes del Frente de Pueblos por la Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco en contra de las sentencias en su contra por el delito de secuestro equiparado. Con esta decisión los ministros de la primera sala analizarán los reclamos de diversas organizaciones nacionales y extranjeras que acusan al Estado mexicano de criminalizar la protesta social.

En el proyecto de dictamen aprobado por unanimidad se señala que la Corte no se limitará a revisar si las penas de más de 67 años de prisión dictadas a Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicoa –recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano– fueron constitucionales, también asume el compromiso de esclarecer la ilegitimidad o legitimidad de la actitud que han asumido organizaciones sociales de retener a funcionarios como forma de presión o de protesta, por un lado, y, por otro, que autoridades castiguen esas acciones como si se tratara de un secuestro, bajo amenaza, con fines de lucro.

En el dictamen elaborado por José de Jesús Gudiño Pelayo –que tiene que ver con los amparos de Ignacio del Valle y Felipe Álvarez y el otro de Galindo– se argumenta que la decisión de que la Corte ejerza su facultad de atracción, se debe a que se trata de asuntos de importancia y trascendencia jurídica nacional.

Los acusados fueron sentenciados por la justicia del estado de México por el delito de secuestro equiparado, por los hechos ocurridos el 8 de febrero y el 6 de abril de 2006, cuando participaban una reunión del FPDT con funcionarios mexiquenses. Se dijo que los ahora detenidos encabezaron la retención de los enviados gubernamentales para presionar al gobierno estatal a cumplir sus compromisos.

En el primer caso, la retención fue de dos días, y en la segunda ocasión, fue de nueve horas.

Los tres acusados fueron sentenciados a 33 años 9 meses de prisión por cada acto.

En la argumentación para atraer los amparos, Gudiño asevera que será motivo de análisis la denuncia hecha por organizaciones civiles nacionales y extranjeras que acusan al Estado mexicano de actuar de forma ilegítima para utilizar su potestad punitiva con la finalidad de acallar una organización social, por ser un grupo que muestra su inconformidad de muchas maneras.

También porque hay quien señala, indica, que las sentencias contra los acusados son una forma “maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social y de castigar a la oposición que ha puesto en entredicho al Estado, al que acusan de restringir la libertad personal, la libertad de expresión y la de asociación.

De manera que, indica el documento, es importante que la Corte defina y dé certeza de legalidad o ilegalidad de lo actuado, considerando que las libertades, cuyo respeto aquí se pone en duda, son cruciales en un Estado democrático.

Subraya que el asunto tiene especial importancia por el contexto en que se presenta y porque sentará un precedente”.

Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle, estuvo presente en la sesión de la primera sala acompañada del maestro Adolfo Gilly. Aunque su rostro reflejaba una emoción de alegría contenida, Trinidad evitó hacer comentarios a la prensa y anunció que este jueves fijará una postura sobre el asunto.

Se espera que la próxima semana la Corte atraiga los amparos de otros nueve atenquenses que están detenidos en el penal de Molino de Flores.