El pasivo laboral de los sistemas de seguridad social de los estados alcanza 900 mil millones de pesos, por lo que es indispensable que el gobierno federal libere los recursos destinados a subsanar esa problemática y flexibilice las reglas de operación de éstos, aseveró Víctor Roberto Infante González, vicepresidente de la Asociación Nacional de Instituciones Estatales de Seguridad Social.

Previó que en caso de no liberarse los recursos para afrontar el pasivo laboral, éste se convertirá en una bomba de tiempo para las instituciones del gobierno federal.

En entrevista luego de participar en una reunión de trabajo en la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, que analizó el tema, Infante González –también director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas– refirió que actualmente el Fondo de Apoyo para la Restructuración de Pensiones cuenta con 90 mil millones de pesos, de los cuales no se ha utilizado un solo peso, porque las reglas de operación son excesivas.

El rigor de los requisitos de la Secretaría de Hacienda para que los institutos estatales de pensiones o de seguridad social tengan acceso a dicho fondo, implica que no se puedan utilizar, aseveró.

Para obtener esos recursos, abundó, los estados deben imponer un sistema de cuentas individuales para las nuevas generaciones de trabajadores, administradas por las Afore o el Pensionissste.

Además deben definir mecanismos que permitan a los empleados activos migrar al esquema de nuevas generaciones sin perder su antigüedad y reducir el valor presente de las obligaciones, añadió.

Esos requisitos son insalvables, no sólo por razones políticas, sino financieras por los estados de la República, y la situación de los gobiernos locales se complica, porque en un escenario de crisis económica, los recursos para las pensiones están congelados, aseguró.

Apuntó que propuso a la comisión mencionada solicitar un estudio actuarial para determinar la gravedad del pasivo laboral que enfrentan todos los sistemas de seguridad social de los estados, pues si el asunto no se atiende con rapidez, se configurará un grave problema para el país.

En caso de no resolverse, tendrá un fuerte impacto en las finanzas, de por sí ya complejas, del gobierno federal, y ya no se diga en las de los gobiernos de los estados, expuso.

Resaltó que el gobierno federal debe tener mayor sensibilidad para atender los problemas sociales. No hay otras políticas públicas que puedan atemperar la crisis económica, si no es el seguro de desempleo y la atención de las instituciones de seguridad social, declaró.