Más de 6 mil familias, principalmente del estado de México y Nuevo León, están en riesgo de ser desalojadas de sus viviendas debido a un presunto fraude hipotecario de empresas inmobiliarias y sociedades financieras de objeto limitado (sofoles) que han tomado como renta los enganches y mensualidades de los compradores en lugar de incluirlos en el valor de la vivienda, sin que la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) actúe al respecto.

Este problema y el aumento anual de 4 por ciento en la cartera vencida hipotecaria constituyen la punta del iceberg de una crisis o quebranto que se avecina para el sector de la vivienda, similar al de Estados Unidos, y evidencia que el gobierno actual favorece a las inmobiliarias en lugar de ayudar a la gente de escasos recursos, denunciaron la diputada federal Laura Itzel Castillo Juárez y José Humberto Pérez Espinoza, presidente del Frente mexiquense en defensa de una vivienda digna, al encabezar una manifestación de familias afectadas contra la empresa Su Casita.

La SHF, explicó la legisladora, transfirió recursos federales a Su Casita para que ésta a su vez otorgara préstamos hipotecarios a la gente. Su Casita creó un fideicomiso en Deuthsche Bank México; sin embargo, el recurso lo aplicó la desarrolladora de vivienda Urbi, que además cobró las rentas sin tener derecho a ello por no estar reconocida como acreedora del fideicomiso, aseveró Castillo Juárez.

Según Pérez Espinoza, la empresa Urbi se ha quedado con las rentas, no las entregó al banco, y decenas de familias enfrentan un juicio para ser desalojadas de sus viviendas en unidades como Villas del Real, Villas del Campo, Héroes Tecámac Real del Cid, Real del Sol, Las Américas y Quinta Montecarlo, en el estado de México, pero dijo que el problema se ha repetido con otras inmobiliarias y sofoles.

Castillo Juárez anunció que la próxima semana promoverá un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para que se investiguen las irregularidades y se finquen responsabilidades contra la SHF porque en lugar de organismo hipotecario actúa como sociedad arrendataria federal.

Acusó también a las sofoles de incumplir el objetivo para el que fueron creadas después de la crisis de 1994: Frente a las tasas de interés bancarias de 12 a 14 por ciento anual, las sofoles se crearon para ofrecer créditos más flexibles a la gente humilde, pero ahora cobran más de 20 por ciento de intereses. Los recursos federales que se les inyectan a través de la SHF no llegan a la gente, sino se quedan en la bolsa de los grandes desarrolladores que cotizan en la bolsa. La SHF no cumple ni hace cumplir la legislación vigente y sus propias reglas de operación; hay indolencia y un círculo vicioso que favorece a las empresas, mientras la gente paga una, dos o hasta tres veces su vivienda por los intereses.

Aclaró que no se aboga por que la gente no pague sus adeudos, pero, puntualizó, resulta absurdo que haya una demanda de 12 millones de viviendas, estén abandonadas 4.5 millones de viviendas nuevas y usadas, mientras la cartera vencida hipotecaria de bancos, sofoles e Infonavit suma 59 mil millones de pesos.

A su vez, Pérez Espinoza aseguró que a través de una investigación que encargó a particulares, la SHF tuvo conocimiento de que desarrolladores inmobiliarios e intermediarios financieros, como las sofoles, llegan a sobrevalorar las viviendas hasta en 40 por ciento por encima de su precio real y, aunque ofrecen a los compradores promociones para no cubrir el engache o los gastos de escrituración, éstas resultan menores que los avalúos inflados.

Además, las empresas inmobiliarias y las sofoles incurren prácticamente en el arrendamiento de viviendas a decenas de familias y la SHF no ha actuado penalmente, mientras la denuncia que presentó el Frente que encabeza ante la fiscalía de delitos financieros de la PGR se mantuvo en reserva.

A la protesta de ayer contra Su Casita, que incluyó el bloqueo de la avenida San Jerónimo a la altura de Avenida de las Fuentes, seguirá una protesta por semana contra otras sofoles y empresas inmobiliarias, pero también contra los organismos públicos vinculados al sector de la vivienda como la misma SHF, Fovissste e Infonavit, advirtió Pérez Espinoza.