El actual régimen jurídico y de gobierno del Distrito Federal –“vivimos una situación de capitis disminutio”– es insostenible, y la ruta inevitable de la reforma política es transitar a su conversión en estado y reivindicar su condición de entidad fundadora del pacto federal, afirmó Lorenzo Córdova Vianello, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Al participar en un foro organizado por el PRI-DF, el especialista en derecho electoral consideró ominoso que el presidente deba decidir sobre el nombramiento de los titulares de la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública –aun con el mecanismo de consulta al jefe de Gobierno–, como está establecido en el artículo 122 de la Constitución.

También lo es que no sea competencia del DF, sino de los diputados federales, decidir sobre las claves de su convivencia política al ser el órgano reformador del Estatuto de Gobierno, que apruebe el techo de endeudamiento de la ciudad y que el Senado de la República nombre sustituto del jefe de Gobierno en caso de ausencia.

En la mesa inaugural del foro, en la que el secretario general de la Fundación Colosio DF, Gerardo Dorantes Aguilar, se limitó a leer la plataforma legislativa del partido sobre el tema, donde se plantea como una de sus principales directrices oponerse a la municipalización de las delegaciones políticas–, Córdova Vianello advirtió objeciones fácticas en la postura priísta y defendió la figura municipal como un modelo más democrático que el de los órganos político administrativos como están hoy.

En su análisis, el académico dijo que una de las principales contradicciones en la Constitución es que el DF aparezca en el artículo 43 como una de las entidades fundadoras del pacto federal y en el 44 se diga que la ciudad de México se erigirá como el estado del Valle de México en el caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar.

Advirtió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación suele equivocarse y desafortunadamente, con mucha frecuencia, tampoco ha ayudado en nada, al negar al DF participar del proceso para reformar la Constitución. Lejos de hacer una interpretación expansiva, garantista, hizo una interpretación restrictiva, y la ha sostenido, en términos de derechos políticos, que excluye a la Asamblea Legislativa del pronunciamiento a propósito de las reformas constitucionales.