llá por septiembre del año pasado, en plena negociación del paquete económico 2009, a un senador tricolor, en nombre propio y en el de varios de sus compañeros de bancada, se le ocurrió proponer una iniciativa con proyecto de decreto para modificar diversos artículos legales y así obligar a las grandes empresas mineras (autóctonas y foráneas) que explotan esa riqueza, supuestamente propiedad de la nación, a enterar al fisco cantidades suculentamente mayores a las que hasta ahora aportan, si así se le puede llamar, dada la voluminosa riqueza que obtienen. Concretamente, promovía el cobro de un derecho por 4 por ciento sobre el valor de los bienes sujetos a extracción, cuantificado en el lugar donde se dan estas actividades, independientemente del domicilio fiscal de las empresas o particulares, titulares de la concesión o asignación minera correspondiente.

Uno de los elementos que sustentaron tal iniciativa resulta tan simple como aberrante: por obra y gracia del gobierno federal, no sin la santa mano del Legislativo, los beneficiarios de concesiones y asignaciones mineras en México deben pagar semestralmente, por cada hectárea o fracción concesionada o asignada, el derecho sobre minería de acuerdo con una tarifa de cuotas, las cuales son verdaderamente ridículas, pues en 2009 se fijaron entre 5 (la mínima) y 101 pesos (la máxima) por hectárea, de acuerdo con los años de vigencia de la concesión, independientemente del valor y el volumen del mineral obtenido.

¿Qué sucedió? Ante tal pretensión, más rápida que la inundación en El Arenal la oligarquía minera que opera en el país soltó a sus cabilderos –entre ellos la propia Secretaría de Economía– para que tal iniciativa no pasara de ser un mal chiste y fuera a parar directamente al bote de la basura, lo que, dicho sea de paso, sucedió. De hecho, en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 se lee: regalías provenientes de fondos y explotaciones mineras: 0.0 pesos, y para el mismo año las citadas cuotas aprobadas se incrementaron a 5.08 (la mínima) y 111.27 pesos (la máxima).

Como en tantos otros renglones de la actividad económica, México se ha convertido en un paraíso para los consorcios mineros, los que no solamente gozan del privilegio de la consolidación fiscal, sino que el que otorga las concesiones –el gobierno federal– les acomoda unas cuotas verdaderamente insignificantes, mientras a la población le carga la mano y le cobra crecientes impuestos, amén de que le inventa cualquier cantidad de ellos.

De acuerdo con información de la Cámara Minera de México, en Argentina se aplica un impuesto de 3 por ciento a la extracción minera; en Brasil la tasa varía según el mineral de que se trate, pero va de 2 a 3 por ciento; en Chile de 0.5 a 5 por ciento y en Perú de 1 a 3 por ciento. ¿En México? Cero por ciento; sólo la simbólica cuota fija por hectárea. Y por lo que toca a regalías mineras, la base para el reparto es así: Argentina, sobre valor boca mina; Brasil, ingreso neto; Chile, sobre renta gravable con ciertas adiciones y deducciones; Perú, ingresos menos algunos costos de tratamiento. ¿En México? Sencillo: cuota por hectárea y consolidación fiscal (en Canadá no se permite, de allí que el mayor número de empresas extranjeras barrenando el país sean de esa nacionalidad, porque aquí sí).

De la citada iniciativa se retoman los siguientes elementos que sirven de contexto: “la explotación minera en el país ha dejado a su paso daños ecológicos de importancia, en virtud de las tecnologías que se usan y usaron a través de los tiempos, teniendo como ejemplo la deforestación, la contaminación de cuencas hidrológicas por los desechos mineros, así como empobrecimiento y mala salud de los habitantes de dichos lugares. Los principales productos de la minería son bienes del subsuelo, cuya propiedad original corresponde la nación como establece el artículo 27 de la Constitución.

Sin embargo, el pueblo de México no recibe por estos bienes ningún beneficio económico directo. De ahí que analizando el valor de los minerales consideramos que siendo estos bienes sujetos a riqueza agregada es menester darles un valor, que deberá ser la base para el establecimiento de un derecho. Los ingresos obtenidos deberán asignarse a los tres órdenes de gobierno para ejercerlos bajo su responsabilidad en programas de desarrollo regional sustentable. Desde 1955 se derogó la Ley del Impuesto y Fomento a la Minería, que sustituyó a la Ley de Impuestos y Derecho relativa a la minería de 1934.

A la fecha sólo subsisten las cuotas referidas, que son simbólicas y no representan un monto importante en la recaudación federal; la base para este derecho (número de hectáreas concesionadas) es una aberración económica, ya que debería ser fijado de acuerdo con el volumen o cantidad de mineral extraído, el cual nada tiene que ver con el número de hectáreas concesionadas o asignadas al particular; el texto vigente no considera a los minerales producidos en función a su valor de comercialización, sino solamente a la superficie del terreno sobre el cual se otorga una concesión o asignación correspondiente.

La actividad minera equivale a 1.6 por ciento del PIB, pero estados, municipios y Distrito Federal reciben una cantidad mínima. Con el 4 por ciento se facilitaría el cálculo por tratarse de una tasa única, aplicable a todas las sustancias y minerales sujetos a la ley de referencia, y de paso se cumpliría con el principio constitucional de generalidad al dar trato igual a todos los sujetos afectos al gravamen. Entonces, ¿dónde quedó la iniciativa?

Las rebanadas del pastel

En una misma zona geográfica, ¿qué marca la diferencia entre un desastre natural y una emergencia, es decir entre la terrible inundación en los municipios conurbados del estado de México y la correspondiente en el norte del Distrito Federal? Un burócrata con militancia partidista en la Secretaría de Gobernación… En esto de la mina Paredones Amarillos en Baja California Sur, el pasado sábado un indignado lector, que firma como Cuitláhuac Miravalle, cual niño héroe brincó a la palestra envuelto en la bandera del gobernador Agúndez para defenderlo y reclamar a este tecleador que el mandatario ya dijo que votará en contra del proyecto, cuando es obvio que de lengua los políticos se comen el perol completo. ¿Sirve de algo que vote en contra, cuando él mismo pretexta que es una decisión de la Semarnat? Propaganda barata que comparte y promueve el nostálgico cuan misterioso reclamante. No se trata de decir, sino de hacer, movilizar, encabezar –por ser el gobernador quien tiene las herramientas legales para hacerlo– la protesta ciudadana e impedir el ecocidio en la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna. Que ya dijo. ¿Y? Así es: los legisladores tricolores también dijeron y ya ven.

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