i en política forma es fondo, resulta significativo que el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, haya realizado en los tres días recientes recorridos aéreos y terrestres por municipios mexiquenses del área conurbada, afectados por las inundaciones, y no haya hecho otro tanto en las delegaciones capitalinas que se debaten en circunstancias similares. Más allá de las formas, el hecho sustancial es que, ante el desastre que se abate sobre el valle de México por efecto de las lluvias y la poca previsión de las autoridades, la Secretaría de Gobernación (SG) actuó con doble vara, pues si bien incluyó a las delegaciones capitalinas Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza en la declaratoria de emergencia que vale también para los municipios de Ecatepec, Valle de Chalco y Nezahualcóyotl, las primeras no han sido declaradas zona de desastre y reciben, en consecuencia, menos recursos federales.

El correlato de esas decisiones administrativas es la renovación del golpeteo político contra el Gobierno del Distrito Federal (GDF) por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Partido Acción Nacional. La primera pretendió culpar a las autoridades capitalinas al aseverar, con argumentos distorsionados, que las alertó sobre la inminencia de un incremento potencial en las precipitaciones; el segundo, por medio de su bancada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), resucitó para la ocasión una antigua acusación formulada por Calderón Hinojosa de que el GDF no realizaba labores de mantenimiento y desazolve del drenaje, con lo cual ponía a la ciudad en peligro de una inundación. A la discriminación presupuestal por la SG se añade, pues, el viejo empeño por descalificar la administración de Marcelo Ebrard, en lo que constituye un afán de inocultables propósitos de posicionamiento electoral del partido blanquiazul en la capital de la República.

Un dato duro, sin embargo, es que durante el año pasado la Conagua ejerció únicamente mil 799 millones de pesos de los 8 mil 680 que recibió para emprender obras de desagüe para el valle de México, y tales acusaciones podrían terminar por revertirse contra el gobierno federal. Es posible que el empeño del Ejecutivo federal (por medio de la Conagua) y del partido gobernante tenga, como motivación adicional, ocultar posibles responsabilidades por la gestación de la emergencia, relacionadas éstas con la decisión de octubre del año pasado de extinguir a Luz y Fuerza del Centro y transferir las actividades de mantenimiento y reparación de la red de distribución eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tarea para la cual esa entidad paraestatal no estaba preparada, como han demostrado la extensión y la duración de los cortes del abasto eléctrico.

En días pasados, el Sindicato Mexicano de Electricistas señaló que las fallas en el drenaje no sólo fueron provocadas por las lluvias de inusual intensidad, sino también porque las interrupciones en el suministro de energía –cuya duración y gravedad se explica, a su vez, por la impericia y la falta de capacidad de la CFE– impidieron el funcionamiento de las compuertas del sistema de drenaje profundo.

Los datos disponibles parecen indicar, en suma, que la población de la ciudad capital ha visto afectadas sus condiciones de seguridad, su bienestar y su vida cotidiana por de decisiones equivocadas del gobierno federal.

En tal circunstancia, las autoridades locales tienen la obligación inmediata de responder con eficiencia en el apoyo a los pobladores de las zonas afectadas, pero también pugnar por que la urbe logre mayores facultades y mayor margen de autonomía en el manejo del abasto hídrico y eléctrico.